El problema es que muchas políticas parten de un diagnóstico correcto —la vivienda se ha vuelto inaccesible—, pero evitan enfrentarse al núcleo del conflicto: su subordinación a la rentabilidad privada. Además, muchas de esas medidas se insertan en un mercado que los Estados no controlan plenamente, donde los precios, el suelo, el crédito, la inversión y el uso de las viviendas están condicionados por actores privados con gran capacidad de presión.

La crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales de nuestro tiempo. El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) estima que, para 2030, unos 3.000 millones de personas necesitarán acceso a una vivienda adecuada; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por su parte, advierte que los precios reales de la vivienda han aumentado más de un 40% de media en la última década; mientras que el Parlamento Europeo recogía en un reciente informe que, entre 2015 y 2024, los precios de la vivienda en la Unión Europea aumentaron un 53 %, mientras los alquileres subieron un 27,8% entre 2010 y el primer trimestre de 2025.

En Europa esta crisis se expresa, ante todo, en relación a la asequibilidad: salarios que no alcanzan, alquileres desbordados y ciudades convertidas en territorios de renta. En América Latina se entrelaza con déficits históricos, informalidad urbana, segregación social y desigualdad territorial. En África aparece ligada a una urbanización acelerada que avanza más rápido que la capacidad pública —debilitada por décadas de dependencia y políticas de ajuste— para garantizar vivienda, servicios e infraestructuras. En Asia, con enormes diferencias entre países, se combina con megaciudades en expansión, migraciones internas masivas, encarecimiento del suelo urbano y grandes operaciones inmobiliarias que transforman barrios enteros; India muestra con claridad esa tensión entre urbanización acelerada, asentamientos informales, grandes y millonarios proyectos urbanísticos y dificultad de acceso a vivienda digna.

lLa clave, por tanto, no está solo en la escasez, aunque falten viviendas asequibles. Tampoco está solo en los salarios, aunque la brecha entre ingresos y precios sea cada vez mayor. Se construye mucho, pero no necesariamente para quienes necesitan vivir; se urbaniza sin garantizar el derecho a habitar; se producen viviendas, barrios e infraestructuras, pero cada vez más condicionados por su capacidad de generar rentabilidad. La crisis mundial de la vivienda expresa así una transformación más profunda y nos obliga a formular una pregunta precisa: ¿cómo es posible que, en sociedades con capacidad técnica suficiente para levantar ciudades enteras, vivir bajo techo se haya convertido en una fuente permanente de angustia social?

Para responder a esa pregunta resulta útil acudir a la obra del antropólogo y geógrafo David Harvey, que lleva décadas investigando la relación entre capitalismo, urbanización y acumulación. Su planteamiento parte de una idea sencilla pero fundamental: la ciudad no es solo el escenario donde transcurre la vida social, sino también un espacio donde se invierte capital, se revaloriza el suelo y se abren nuevos ciclos de rentabilidad. En determinadas fases de expansión o de crisis, la inversión en vivienda, infraestructuras, crédito hipotecario, turismo o grandes proyectos urbanos permite absorber excedentes de capital y convertir el espacio urbano en una fuente de negocio.

Desde esta perspectiva, la construcción de ciudad no responde únicamente a necesidades demográficas o habitacionales. También responde a lógicas económicas vinculadas a la valorización del suelo y de los activos inmobiliarios. Una vivienda sirve para vivir, pero también puede convertirse en inversión, garantía bancaria, fuente de renta o alojamiento turístico. La tensión aparece cuando esta segunda función se impone sobre la primera: cuando la casa deja de organizarse principalmente en torno a la necesidad de habitar y pasa a depender de su capacidad para generar beneficio.

Esta conversión de la vivienda en mercancía no es nueva. Lo que ha cambiado en las últimas décadas es la escala, la velocidad y la profundidad del proceso. La desregulación financiera, la liberalización del suelo, la privatización de vivienda pública y la expansión del crédito hipotecario eliminaron muchos de los límites que, durante parte del siglo XX, habían contenido parcialmente la lógica especulativa. A partir de ahí, la vivienda se integró cada vez más en circuitos globales de inversión: hipotecas titulizadas, alquileres convertidos en flujos de renta, barrios transformados en marcas urbanas y viviendas residenciales reorientadas hacia el turismo.

En este escenario, el mercado de la vivienda ya no puede explicarse solo a partir del pequeño propietario, la promotora local o el banco nacional. Intervienen actores capaces de operar a escala mundial y de alterar los incentivos del mercado. BlackRock, con alrededor de 14 billones de dólares en activos bajo gestión, ejemplifica la dimensión alcanzada por las grandes gestoras financieras: capital que se mueve entre países, sectores y activos buscando rentabilidad. Booking, por otra vía, muestra el poder de las plataformas digitales que no necesitan poseer viviendas para influir en su uso, porque organiza a escala global la demanda turística y puede hacer más rentable destinar pisos al alojamiento temporal que al alquiler residencial.

Ambos ejemplos ayudan a entender cómo la vivienda se ha ido alejando de su función cotidiana para incorporarse con mayor intensidad a circuitos globales de rentabilidad. Por eso vemos fenómenos que no son idénticos —la turistificación de Lisboa o Barcelona, la gentrificación de Ciudad de México, la crisis de alquileres en Berlín, los campamentos en Chile, la financiarización inmobiliaria en Estados Unidos o la expulsión de vecinos de barrios enteros convertidos en escaparates para el consumo global—, pero que comparten una misma tensión de fondo: la subordinación creciente del derecho a habitar a la lógica del mercado y la rentabilidad.
br> Así, este escenario explica también por qué la vivienda se ha convertido en un eje creciente de movilización popular. Allí donde el salario ya no garantiza el alquiler, donde la juventud no puede emanciparse o donde los barrios se vacían de vecinos para llenarse de apartamentos turísticos, la vivienda deja de ser un problema privado y se convierte en un conflicto político de primer orden. De ahí el crecimiento de sindicatos de inquilinos, plataformas contra los desahucios, organizaciones barriales contra la turistificación, redes de apoyo mutuo frente a los fondos buitre y movimientos por el derecho a la ciudad.

Esa presión social ha obligado a los Estados a responder, aunque de forma desigual y muchas veces insuficiente. El problema es que muchas políticas parten de un diagnóstico correcto —la vivienda se ha vuelto inaccesible—, pero evitan enfrentarse al núcleo del conflicto: su subordinación a la rentabilidad privada. Además, muchas de esas medidas se insertan en un mercado que los Estados no controlan plenamente, donde los precios, el suelo, el crédito, la inversión y el uso de las viviendas están condicionados por actores privados con gran capacidad de presión. Construir más puede ser necesario allí donde existe déficit real, pero no resuelve por sí mismo la crisis si lo construido se orienta al lujo, al turismo, a la inversión o a la especulación. Del mismo modo, las ayudas al alquiler pueden aliviar situaciones urgentes y no deben despreciarse, pero sin regulación corren el riesgo de convertirse en una transferencia indirecta de recursos públicos hacia los propietarios. Mientras la vivienda funcione antes como activo que como un derecho, los Estados administrarán la emergencia más que resolverla.

La crisis mundial de la vivienda obliga, por tanto, a formular otra pregunta radicalmente sencilla: ¿para qué y para quién se construyen nuestras ciudades? Si la respuesta sigue siendo la rentabilidad, la vivienda continuará siendo una fuente de angustia social, endeudamiento y expulsión. Si la respuesta es el derecho a habitar, no bastará con corregir algunos excesos del mercado. Habrá que disputar el lugar mismo que ocupa la vivienda en la organización económica de nuestras sociedades.

La reciente visita del papa León XIV a España ha vuelto a encender un debate social que merece una reflexión tranquila. Las multitudes entusiastas, las pantallas gigantes, los estrictos despliegues de seguridad y la inmensa atención de los medios de comunicación nos invitan a hacernos una pregunta de fondo: ¿estos eventos masivos expresan realmente los valores del mensaje cristiano original, o son más bien una forma de admiración desmedida hacia la propia institución eclesiástica y sus líderes?

Para comprender este fenómeno, el lenguaje sociológico y religioso utiliza dos conceptos muy útiles que conviene definir de forma sencilla:

Papalatría: Es la admiración exagerada o la idealización extrema de la figura del papa. Ocurre cuando se le trata casi como a una celebridad o estrella de cine, olvidando que, dentro de la propia teología, es un ser humano que ejerce una función de servicio, no una figura de culto en sí misma.

Eclesiolatría: Es un paso más allá. Consiste en poner a la Iglesia —es decir, a la organización, sus normas internas, sus palacios y sus estructuras burocráticas— en el centro absoluto de la fe. El riesgo de esta actitud es que la institución se vuelve tan sagrada e intocable que termina eclipsando el mensaje que originalmente debía transmitir.

Para comprender este contraste, es muy útil acudir a los relatos de los evangelios. La prioridad de Jesús de Nazaret nunca fue fundar una organización con poder político o económico, sino anunciar lo que él llamaba el «Reino de Dios». Con esta expresión no se refería a un territorio geográfico ni a un gobierno con ejércitos, sino a un cambio profundo en las relaciones humanas: una propuesta de convivencia basada en la justicia social, la compasión y la dignidad compartida, con una atención prioritaria hacia las personas olvidadas, vulnerables y pobres. Jesús no buscaba seguidores que aplaudieran estructuras rígidas, sino personas comprometidas en construir un mundo más humano.

Sin embargo, la historia muestra cómo el cristianismo experimentó una profunda transformación. La Iglesia, que en sus inicios fue una comunidad sencilla de personas al servicio de este ideal comunitario, comenzó a crecer y a adoptar normas complejas, sistemas de gobierno internos y jerarquías estrictas. Con el paso de los siglos, el instrumento diseñado para difundir el mensaje (la organización) adquirió tanto peso que empezó a considerarse un fin en sí mismo. El peligro surge precisamente ahí: cuando la estructura se vuelve más importante que la meta original.

Este cambio de enfoque se hace muy evidente en las transmisiones de los informativos actuales. La atención de los medios suele centrarse casi exclusivamente en los detalles del protocolo, el número de asistentes, la logística o la lista de líderes políticos invitados a la misa papal. Rara vez se plantea la pregunta fundamental: ¿servirá este gran despliegue para que la sociedad sea más justa o comprometida con el sufrimiento ajeno? Con frecuencia, la espectacularidad del evento termina ahogando su sentido esencial.

Este problema no depende de si un papa específico agrada más o menos a la opinión pública, sino de dónde colocamos nuestra atención. El riesgo real es que las personas confundan el compromiso ético con la obediencia ciega a una entidad.

Aquí se observa un contraste evidente con la mentalidad contemporánea:

El modelo civil y democrático: En las democracias modernas, la ciudadanía está acostumbrada a debatir, opinar, votar y fiscalizar de forma crítica a sus gobernantes.

El modelo eclesiástico: En la Iglesia, la autoridad funciona de manera vertical y jerárquica. El problema de la eclesiolatría es que tiende a blindar esta estructura, convirtiéndola en una especie de burbuja donde no se facilita la autocrítica ni la reforma necesaria.

Jesús advirtió explícitamente a sus discípulos sobre esta tentación de acumular poder cuando discutían por el liderazgo: «No ha de ser así entre vosotros». Para el cristianismo original, tener autoridad no significaba poseer privilegios, sino ponerse al servicio de la comunidad. Esta tendencia a sobreproteger a la institución no sólo interesa a las personas creyentes, sino que afecta a toda la ciudadanía. En España está abierto un debate legítimo sobre los privilegios de la Iglesia católica en materias como la financiación pública, las inmatriculaciones, las exenciones de impuestos (como el IBI), o su papel en el sistema educativo.

Estos debates son naturales y necesarios en cualquier sociedad democrática. Sin embargo, a menudo quedan invisibilizados bajo el brillo, los cantos y el entusiasmo de las grandes citas papales. Uno de los síntomas más claros de la eclesiolatría es la resistencia a someter a la Iglesia a las mismas preguntas críticas, legales y de transparencia que se le exigen a cualquier otra institución humana.

Cuando una organización queda protegida del examen público por el simple hecho de ser religiosa, se cae en una seria contradicción. Los textos históricos describen a Jesús como alguien que vivió sin acumulación de dinero, ajeno al poder político y al lado de los marginados de su tiempo. En contraposición, la estructura que habla hoy en su nombre aparece frecuentemente vinculada a esferas de notable influencia económica y política.

El éxito de la visita de un papa no debería medirse por la eficiencia de su organización ni por la cantidad de personas que llenan un estadio. La pregunta verdaderamente importante es si el evento ayuda a acercar a la Iglesia al mensaje original de fraternidad. El cristianismo, en su raíz, no es una invitación a venerar instituciones sagradas, sino una llamada constante a revisar si nuestras leyes, prácticas y comportamientos diarios construyen un entorno más justo y compasivo.

Ninguna organización, por muy respetable o religiosa que sea, debería usar la fe como un escudo para evitar las preguntas incómodas de la sociedad moderna. Al final, lo decisivo no es cuánto crece la admiración hacia el líder o hacia la estructura, sino cuánto avanzan los valores universales de la libertad, la igualdad y la justicia. Allí donde esos valores avanzan, el mensaje cobra vida; allí donde quedan ocultos por la propia auto-celebración institucional, se corre el riesgo de cometer el error definitivo: adorar al mensajero y extraviar el mensaje.

En nuestros días hay millones de migrantes por tierra y mar en busca de mejores condiciones de vida. Según datos de la ONU, en 2025 había en el mundo 304 millones de migrantes. Hoy, con más de cien zonas de conflicto, como acaba de informar el coordinador de la Cruz Roja, serán muchos más, pues la humanidad está viviendo una ininterrumpida guerra civil. La mayoría huye de guerras que causan innumerables víctimas. Otros emigran porque sus tierras se han vuelto infértiles debido al exceso de calor. También están quienes buscan otros países debido a persecuciones religiosas o políticas. El mayor número proviene del África subsahariana y de Oriente Medio, ambos en dirección a Europa. Hay además muchos miles de latinoamericanos que emigran ilegalmente a Estados Unidos.

Todos los inmigrantes indocumentados, bajo la presidencia de Donald Trump, están siendo expulsados del país. Esto fue realizado por una policía especial, el ICE, que utilizó la violencia e incluso la fuerza bruta para obligarlos a emigrar.

Son inolvidables las escenas cobardes de aquellos agentes del ICE cazando inmigrantes indocumentados en las calles, en las escuelas, en las fábricas, en las explotaciones agrícolas e incluso en las iglesias. El presidente Donald Trump considera injusta y prejuiciosamente a esos inmigrantes como gente mala, ladrones y asesinos, cuando en su gran mayoría hacen funcionar los servicios en hoteles, restaurantes, fábricas, producción agrícola y muchos otros sectores, perjudicando con su expulsión los negocios de los propios estadounidenses.

Resulta chocante la violencia aplicada a los inmigrantes detenidos y deportados, arrojados en grandes aeronaves, encadenados como si fueran ganado, sin ningún respeto por su dignidad. Revolucionó especialmente el arresto de un niño de 5 años, esposado como si fuera un adulto, como forma de atraer al padre y detenerlo. La indignación fue nacional e internacional, obligando a las autoridades responsables a liberar al niño y a su padre.

En Europa, los migrantes son generalmente mal recibidos, tanto los provenientes de África como los de Oriente Medio. Muchos murieron en la travesía en embarcaciones sin ninguna seguridad. El Mediterráneo se transformó en una sepultura de cientos y cientos de personas que allí se ahogaron. La indiferencia y la falta de sensibilidad indignaron al Papa Francisco cuando estuvo en Lampedusa, lugar de llegada de muchos inmigrantes. Criticó duramente el hecho de que los europeos hubieran perdido la sensibilidad y la capacidad de llorar por el sufrimiento de sus semejantes.

En algunos países fueron totalmente rechazados, como en Hungría bajo el hoy ex presidente Orbán, de extrema derecha y violento. En la muy cristiana Polonia se admite selectivamente solo a cristianos, negando hospitalidad a musulmanes o personas de otras denominaciones religiosas.

Se teme que el cambio climático, acelerándose cada vez más y destruyendo vastas regiones con grandes inundaciones, severas sequías e inmensos incendios, termine creando oleadas de miles y miles de migrantes que buscan salvar sus vidas. Sus lugares de origen se han vuelto prácticamente inhabitables. La ONU ha advertido a los países centrales y desarrollados que preparen sus infraestructuras para acoger y dar hospitalidad a estos damnificados.

La hospitalidad aparece como un valor de referencia para enfrentar este fenómeno mundializado. Las migraciones masivas podrán desestabilizar naciones enteras y las políticas sociales, dada la gravedad de la situación creada por los cambios en la geopolítica (la disputa por la hegemonía mundial entre Estados Unidos, Rusia y China), por los trastornos climáticos provocados por la crisis ecológica y por la corriente marítima de El Niño.

Hoy, la capacidad de mostrar hospitalidad —considerada por todas las tradiciones culturales como uno de los más altos valores en las relaciones humanas— revela cuánto de sensibilidad y humanidad subsiste todavía entre nosotros, tanto como personas individuales y como sociedades complejas. Las actuales desigualdades escandalosas, fruto de una acumulación inimaginable de riqueza por parte de unos pocos que explotan a muchos y devastan los bienes y servicios naturales, no ofrecen señales de esperanza de que prevalezcan la sensibilidad y la humanidad, base de la hospitalidad, frente a los millones de migrantes a nivel mundial.

Aun así, vencidos y derrotados, jamás desistiremos del empeño en favor de los migrantes y refugiados, despreciados y rechazados, pues esa causa, por ser verdadera, es invencible. En ella se muestra lo mejor que existe en los seres humanos: compadecerse de los peregrinos forzados, de los migrantes; vivir la solidaridad concreta frente a su frágil situación; y el amor incondicional hacia esos humillados y ofendidos. Según los relatos bíblicos y el sentido de uno de los más conmovedores mitos griegos sobre la hospitalidad —el de los ancianos Báucis y Filemón— quien hospeda al peregrino y al desconocido está hospedando anónimamente al propio Dios. La familia del Hijo del Hombre fue inmigrante en Egipto y volvió sagrado todo empeño en favor de quienes viven penosamente una situación semejante. Por eso, una realidad parecida representa para la conciencia un llamado ético permanente, incluso en medio de dificultades, prejuicios y rechazos. Al fin y al cabo, todos somos migrantes y huéspedes en esta Tierra que pertenece tanto a los presentes como a las futuras generaciones. Todos pasamos. Solo ella, la Casa Común, permanece todavía por millones de años, girando alrededor del sol y gestando vida para la naturaleza y para la humanidad.