Etapa de reflexión
Se suele denominar «Jornada de Reflexión» a la víspera de los comicios. En este sentido
denominamos «Etapa de Reflexión» a estos días que preceden al 29-N, fecha en la que
volveremos a acudir a las urnas. Aunque siempre se insiste en la importancia cívica de
votar, a estas alturas no hace falta recordar que lo que verdaderamente se ventila en unas
elecciones son intereses de clase. Se quiera admitir o no, las distintas etiquetas políticas
—izquierda, centro, derecha— expresan posicionamientos concretos dentro de la
histórica desigualdad entre quienes viven de su trabajo y quienes ostentan el poder
económico; una fractura social que persiste y ante la cual el Evangelio nos exige no
permanecer neutrales.
No obstante, cada convocatoria electoral posee su propio escenario y sus propias
urgencias. Queremos detenernos en las circunstancias particulares que marcan estas
E
lecciones
G
enerales
. E
n pri
m
er lugar
,
se celebran en un cli
m
a de extre
m
a polarización que
no es ajeno a nuestra propia Iglesia ni a su jerarquía. Precisamente en este número del
boletín incluimos un artículo que analiza y denuncia la postura adoptada por el arzobispo
de Oviedo ante esta coyuntura, acompañado de otro texto que repasa el proceso histórico
que explica la secular connivencia de la cúpula eclesial con los poderes dominantes.
En segundo lugar, desde la defensa de la dignidad humana y la justicia social, no
podemos obviar lo que está en juego para las clases populares. Una eventual victoria de
las fuerzas de la derecha política supondría un grave retroceso para los derechos e
intereses de los trabajadores, pensionistas, estudiantes y las familias con dificultades
para acceder a una vivienda. No hablamos de meras hipótesis, sino de políticas ya
conocidas. Basta con recordar los duros recortes aplicados durante la etapa del gobierno
de Mariano Rajoy, cuando el deterioro de lo público golpeó de lleno a la mayoría social:
tijeretazos en la sanidad y la enseñanza públicas, precarización salarial tras la reforma
laboral, debilitamiento de la Seguridad Social y una virtual congelación de las pensiones
que hizo perder poder adquisitivo a nuestros mayores. Volver a recetas que
mercantilizan los servicios esenciales y debilitan el Estado del bienestar significaría
dejar a la intemperie a los más vulnerables.
Finalmente, lo más inquietante de la actual campaña es el deterioro de la propia
convivencia democrática. Asistimos a un contexto en el que, desde determinados
sectores, se cuestiona de antemano la legitimidad de una posible victoria de las fuerzas
progresistas, se pone en duda la limpieza del proceso electoral y se siembra sospecha
sobre la actuación institucional. Este clima de crispación alimenta el extremismo más
peligroso, como demuestra el reciente descubrimiento y desmantelamiento judicial de
los planes de la organización neonazi Núcleo Nacional. Este grupo ultraderechista —que
ya se dio a conocer en las protestas contra la legitimidad del gobierno socialista tras las
anteriores elecciones— operaba con una estructura paramilitar, acumulando armas
prohibidas y planificando acciones violentas basadas en el odio.
Por todo ello, esta etapa de reflexión nos interpela profundamente. Nuestro voto no
puede desligarse de la memoria histórica ni del compromiso con los últimos de la
sociedad: defender los servicios públicos, proteger los derechos conquistados y frenar
cualquier deriva autoritaria es hoy una exigencia ética ineludible.
Boletín núm. 96 - 21 de noviembre de 2026
M
ientras
J
esús
S
anz
M
ontes recla
m
a neutralidad y concordia
,
sus declaraciones parecen acercarle cada
vez
m
ás a la trinchera política
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n arzobispo que cuestiona la li
m
pieza electoral sin aportar pruebas y
confunde el púlpito con una tribuna ideológica debería e
m
pezar por revisar sus propias contradicciones.
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as declaraciones de
J
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M
ontes
,
arzobispo de
O
viedo
,
vuelven a poner sobre la
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esa
una cuestión que no debería pasar inadvertida
:
¿
dónde termina la labor pastoral de un arzobispo y
dónde comienza su intervención política?
Porque resulta difícil sostener que uno no hace política
de partido mientras se lanzan advertencias electorales, se cuestiona indirectamente a determinadas
formaciones y se alimentan sospechas sobre la limpieza de unas elecciones democráticas.
E
n su reciente entrevista
,
S
anz
M
ontes recla
m
a que las próxi
m
as elecciones se celebren con todas las
garantías democráticas, pero acto seguido introduce la sospecha de un posible fraude electoral al advertir
de «pucherazos» y maniobras destinadas a perpetuarse en el poder
. Una insinuación de enorme
gravedad que no debería quedar en una simple declaración de intenciones. ¿En qué pruebas se
basa para poner en duda la limpieza de unos comicios democráticos? ¿Qué irregularidades
concretas conoce? Porque una cosa es exigir transparencia y respeto a las reglas del juego, algo
absolutamente legítimo, y otra muy distinta es alimentar sospechas sobre el sistema electoral sin
aportar pruebas.
Repetir argumentos que circulan por determinados medios de comunicación y
sectores políticos no convierte una sospecha en una realidad. La democracia merece respeto,
también cuando los resultados no satisfacen las expectativas de quienes los cuestionan.
P
orque repetir insinuaciones sobre un supuesto pucherazo
,
tan habituales en deter
m
inados
m
edios y
círculos de la derecha
m
ás radical
,
contribuye a deteriorar la confianza ciudadana en las instituciones
.
L
a de
m
ocracia no puede ponerse en entredicho cada vez que existe la posibilidad de que gobierne una
opción política que no gusta a determinados sectores ideológicos.
L
as elecciones tienen garantías
,
órganos
de control, juntas electorales, interventores y mecanismos legales de reclamación. Cuestionar todo
ese sistema sin pruebas no es defender la democracia: es alimentar la desconfianza.
También asegura que no hace política de partido, sino política desde los valores. Pero esa
explicación no convierte automáticamente sus intervenciones en neutrales. Cuando un responsable
religioso habla de elecciones anticipadas, critica al presidente del Gobierno, establece criterios
morales para orientar el voto y advierte de trampas electorales, está interviniendo en un debate
político, aunque no mencione siglas. La ausencia de nombres propios no convierte un mensaje
partidista en una homilía neutral.
Y hay otra cuestión que merece una reflexión. El arzobispo dice que le gustaría que Adrián
Barbón y Adriana Lastra acudieran a la misa de Covadonga, recordando que él asiste a actos de
la judicatura, del Parlamento y de los ayuntamientos. Pero la comparación no es equivalente. Un
acto institucional y una celebración religiosa tienen naturalezas diferentes. Un representante
público puede acudir a una ceremonia civil por responsabilidad institucional; no tiene por qué
asistir a una misa para demostrar respeto a Asturias, a sus tradiciones o a sus ciudadanos.
¿A qué tendrían que ir exactamente Barbón y Lastra? ¿A escuchar una celebración religiosa o a
exponerse a discursos en los que puedan sentirse señalados por sus posiciones políticas? ¿A
escuchar indirectas, reproches y valoraciones morales desde un púlpito al que no pueden
responder en igualdad de condiciones?
La libertad religiosa incluye también la libertad de no
acudir a una ceremonia. Y nadie debería tener que acreditar sus convicciones mediante su
presencia en una iglesia.
N
o olvide
m
os ta
m
poco el episodio de
A
driana
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astra
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uando la entonces dirigente socialista criticó
el tono de sus intervenciones,
S
anz
M
ontes respondió con aquel
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ensaje
:
«Lecciones quien puede, no
quien quiere», acompañado de expresiones como «atrevida ignorancia» y referencias a la censura
y las amenazas. Cuesta encontrar en semejante respuesta la serenidad, la prudencia y la voluntad
de diálogo que cabría esperar de quien reclama convivencia y concordia. Un arzobispo no pierde
su derecho a opinar, pero tampoco queda exento de recibir críticas por cómo ejerce ese derecho.
Tampoco podemos olvidar Covadonga. En noviembre de 2015, Vox eligió el santuario como
escenario para iniciar su campaña electoral, presentando el lugar como símbolo de la
Reconquista y de su particular proyecto de España. Aquello abrió un debate legítimo sobre la
instrumentalización política de un espacio religioso que debería representar a todos los
asturianos, independientemente de su ideología.
No se trata de impedir que un político rece, sino
de evitar que un símbolo compartido termine convertido en decorado de una estrategia partidista.
Y es precisamente aquí donde aparece una herida histórica que la Iglesia española todavía no
quiere terminar de cerrar:
su vinculación con el nacionalcatolicismo y con el poder político
durante la dictadura franquista
. Es cierto que no toda la Iglesia fue franquista, que hubo
religiosos comprometidos con la democracia y que muchos cristianos lucharon por las libertades.
Pero también es innegable que una parte importante de la jerarquía legitimó el régimen y
contribuyó a revestirlo de autoridad religiosa. Esa historia no debe utilizarse para condenar a todos
los católicos, pero tampoco puede borrarse cuando determinados discursos vuelven a confundir
identidad nacional, moral religiosa y una determinada orientación política.
El Evangelio, por otra parte, no debería convertirse en un instrumento para clasificar a los
ciudadanos entre quienes votan correctamente y quienes se alejan de la moral cristiana. Jesús
habló de misericordia, de humildad, de justicia y de atención a los más vulnerables. También se
acercó a quienes eran rechazados por la sociedad. Por eso resulta legítimo preguntarse si
expresiones como «invasión», al hablar de personas migrantes, o determinadas descalificaciones
públicas contribuyen realmente a construir esa sociedad fraterna que predica la Iglesia.
La caridad no puede estar condicionada por la procedencia de quien llama a la puerta, ni la
dignidad humana puede depender de su nacionalidad, religión o situación administrativa. La
seguridad y la integración son cuestiones que deben abordarse, pero sin convertir a colectivos
enteros en sospechosos ni alimentar prejuicios.
Jesús Sanz Montes tiene todo el derecho a defender sus convicciones, a hablar de moral y a
expresar sus opiniones. Lo que no puede pretender es que sus palabras queden protegidas de la
crítica por el simple hecho de pronunciarlas desde una responsabilidad eclesiástica.
La autoridad
religiosa no concede infalibilidad política ni superioridad moral sobre quienes piensan diferente.
La Iglesia no necesita arzobispos que parezcan buscar su sitio en la confrontación partidista.
Necesita pastores capaces de tender puentes, no de levantar trincheras; de acompañar, no de
señalar; de unir, no de alimentar sospechas.
Y si realmente quiere que los políticos acudan a misa, quizá debería preguntarse primero qué
ambiente encuentran cuando lo hacen. Porque la fe no se impone, la libertad no se exige
solamente para los que piensan como uno y la democracia no necesita tutores desde el púlpito.
E
l púlpito debería ser un lugar de encuentro con el
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vangelio
,
no una platafor
m
a desde la que
algunos ciudadanos tengan la sensación de estar per
m
anente
m
ente en el banquillo de los acusados
.
De cara a la cita electoral del próximo 29 de noviembre, el debate sobre el
sistema público de pensiones vuelve a situarse en el centro de la escena política y
mediática. En los últimos tiempos, desde diversos sectores económicos vinculados
a la banca y desde formaciones políticas de ideología conservadora, se
intensifican los mensajes que califican al sistema público como un modelo
«quebrado», «zombi» o insostenible abocado al colapso.
Este discurso catastrofista —analizado en profundidad en publicaciones recientes
del economista Juan Torres López— no responde a un ejercicio de rigor técnico,
sino a una estrategia discursiva orientada a sembrar la desconfianza en lo público.
El objetivo último de esta ofensiva es erosionar el modelo de reparto para abrir la
puerta a la privatización parcial o total de la jubilación, derivando a la ciudadanía
hacia planes privados de capitalización gestionados por entidades financieras.
La ofensiva contra lo público: un proyecto global de privatización
La campaña contra las pensiones públicas no constituye un fenómeno aislado,
sino que se enmarca dentro de una agenda política más amplia dirigida a
desmantelar el Estado del bienestar. Esta misma orientación ideológica se observa
de manera transversal en otras áreas esenciales de los servicios públicos y los
derechos sociales:
• Sanidad y enseñanza: Con el argumento constante de la ineficiencia de la gestión
pública, se promueve sistemáticamente el trasvase de recursos hacia la sanidad
privada mediante conciertos, deducciones o el deterioro de la atención primaria,
un proceso paralelo al que sufre la educación pública en beneficio de la red
concertada y privada.
• El mercado de la vivienda: Ante una crisis habitacional acuciante que expulsa a
familias enteras y jóvenes de las grandes ciudades, las políticas de la derecha
tienden a priorizar la desregulación del mercado y el negocio inmobiliario frente al
derecho constitucional a una vivienda digna.
• Prioridades presupuestarias y gasto militar: Mientras se discute
permanentemente la supuesta imposibilidad de financiar las pensiones o la
sanidad pública alegando supuestas restricciones presupuestarias, se prioriza sin
vacilaciones el incremento del gasto en defensa y armamento en consonancia con
las exigencias internacionales.
Los grandes mitos del discurso pensionista desmontados con datos
Para justificar los recortes y la contención en el incremento de las prestaciones, se
repiten habitualmente una serie de argumentos que ignoran la realidad
económica y social del país.
Por un lado, se insiste en el argumento demográfico y la supuesta caída de la
productividad, defendiendo que el envejecimiento de la población hará imposible
pagar las pensiones. Sin embargo, las pensiones no dependen únicamente de la
proporción numérica entre trabajadores y jubilados, sino de la riqueza global que
produce el conjunto de la economía. Gracias al aumento constante de la
productividad, la sociedad genera y generará muchos más bienes y servicios que
en décadas pasadas. El verdadero desafío radica en cómo se reparte esa riqueza y
en la calidad de los salarios y de las cotizaciones sociales.
P
or otro lado
,
se difunde
la falacia del gasto insoportable
,
presentando el dese
m
bolso
en pensiones co
m
o una carga ruinosa para el
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stado
. P
or el contrario
,
las pensiones
actúan como un potente motor económico de carácter anticíclico: casi la totalidad
de estos ingresos se gasta de manera inmediata en el comercio de proximidad, la
hostelería, las farmacias y el apoyo a las economías familiares, dinamizando el
consumo interno y generando a su vez empleo e ingresos fiscales directos.
Una decisión política sobre el modelo de sociedad
El debate en torno a las pensiones públicas del próximo 29 de noviembre
trasciende la mera contabilidad financiera. Se trata de una disyuntiva profunda
sobre el modelo social y de convivencia: dilucidar si la jubilación debe continuar
siendo un derecho universal y solidario garantizado por los poderes públicos, o si
se convierte progresivamente en un producto financiero supeditado a la
capacidad de ahorro individual en los mercados de capitales.
Informar a la ciudadanía sobre los intereses que subyacen tras los mensajes
alarmistas resulta, por tanto, fundamental para evaluar con rigor y plena
conciencia las diferentes propuestas políticas que concurren a las urnas.
Sobre este tema de la ofensiva contra el sistema de pensiones hay un artículo de
Juan Torres López que verse en su página web, en la dirección:
https://juantorreslopez.com/wp-content/uploads/29N_folleto.html
Lo publimos completo también en nuestra página web de la Comunidad de
Cristianos de Base de Gijón (https://cristianosdebasedegijon.com/), donde
tratamos temas sobre la actual problemática social y eclesial.
Los cristianos que tomamos conciencia de la profunda dificultad de la Iglesia para
reformarse debemos preguntarnos cómo se ha llegado a esta situación. No se trata de
un problema reciente ni de una mera acumulación de errores administrativos, abusos
de poder o resistencias particulares. Es el resultado de una transformación histórica
que ha afectado a la identidad del cristianismo, a sus estructuras y a su finalidad. Para
comprenderla, es necesario remontarse a los primeros siglos y examinar cómo un
movimiento nacido al margen de los poderes establecidos terminó vinculándose
estrechamente con ellos.
El movimiento de Jesús no nació con el propósito de fundar una institución jerárquica
dedicada a controlar las conciencias. Su anuncio central era el Reino de Dios: una
transformación de las relaciones humanas, basada en la justicia, la fraternidad, la
misericordia y la dignidad de todas las personas, especialmente de quienes sufrían la
marginación o la dominación. Jesús se acercó a pobres, enfermos, pecadores y
excluidos; denunció la hipocresía de quienes utilizaban la religión para obtener
prestigio y poder; cuestionó la acumulación de riquezas y rechazó una autoridad
basada en el dominio. Quien quisiera ser el primero debía hacerse servidor de todos.
La fidelidad a Dios no se medía por la observancia exterior de normas, sino por el
trato dispensado a los demás, particularmente a los más vulnerables.
L
as pri
m
eras co
m
unidades intentaron prolongar esa experiencia
. R
eunidas con frecuencia
en casas particulares
,
ofrecían ayuda
m
utua
,
cuidaban de enfer
m
os
,
viudas y huérfanos
,
y acogían a personas de distintas procedencias y condiciones sociales. Esa aspiración
expresaba una forma de convivencia distinta de las desigualdades del Imperio
romano. La autoridad debía ser servicio, la comunidad ocupaba un lugar central y la
fe tenía que manifestarse en la vida cotidiana. El cristianismo no había nacido para
legitimar el orden imperial, sino para anunciar una alternativa a sus injusticias.
El cambio decisivo comenzó en el siglo IV. El cristianismo pasó de ser una religión
perseguida o tolerada a recibir el favor del poder imperial y, finalmente, a convertirse
en religión oficial. En 313, Constantino estableció la libertad de culto y restituyó los
bienes confiscados a los cristianos. También favoreció económicamente a la Iglesia,
concedió privilegios al clero, intervino en controversias religiosas y promovió
concilios. Los obispos adquirieron así una creciente relevancia social y política.
En 380, Teodosio I estableció el cristianismo niceno como referencia religiosa oficial
del Imperio. En los años siguientes se adoptaron medidas restrictivas contra otros
cultos y contra corrientes cristianas consideradas heréticas.
No fue sólo que la Iglesia obtuviera más recursos. Al integrarse en las estructuras
imperiales, comenzó a depender de ellas y a identificarse progresivamente con un
orden político que debía haber mantenido bajo crítica. La institución que tendría que
recordar a los poderosos las exigencias de la justicia evangélica empezó a encontrar
ventajas en su proximidad. La conservación de la unidad, la autoridad y los
privilegios institucionales fue desplazando la prioridad de construir comunidades
fraternas y comprometidas con la transformación social.
La discrepancia doctrinal dejó entonces de ser únicamente un debate entre
comunidades: podía interpretarse como una amenaza para la unidad del Imperio y
justificar la intervención coercitiva del Estado. Se abrió así el camino a persecuciones,
condenas y violencias cometidas en nombre de la defensa de la fe. Algunos episodios
muestran la gravedad de ese cambio. En 385, Prisciliano, obispo hispano acusado de
herejía, fue ejecutado en Tréveris por orden imperial. Una disputa religiosa había
pasado al terreno de la represión penal: el cristianismo que había conocido la
persecución se encontraba ahora en condiciones de contribuir a ella.
Junto con la transformación política se desarrolló una elaboración doctrinal que
influyó profundamente en la mentalidad cristiana. Los Padres de la Iglesia fueron
decisivos en la formación del pensamiento cristiano, pero algunas de sus ideas
reflejaron concepciones autoritarias, patriarcales y jerárquicas propias de su época.
Que una enseñanza se haya incorporado a la tradición no la convierte
automáticamente en expresión fiel del mensaje de Jesús.
Agustín de Hipona, por ejemplo, contribuyó a consolidar una interpretación muy
pesimista del pecado original. En sus formulaciones más severas, incluso los niños
que morían sin bautismo quedaban afectados por la culpa heredada de Adán y
destinados a la condenación eterna. Esta idea resulta difícil de conciliar con la imagen
evangélica de un Dios misericordioso que acoge a los pequeños. Además, Agustín
justificó el uso de la coerción estatal contra quienes consideraba disidentes, con el
argumento de que la fuerza podía conducirlos a la verdad. Así, la persuasión y el
servicio podían ceder ante la imposición.
J
uan
C
risósto
m
o
,
otra figura destacada de la patrística, pronunció ho
m
ilías contra los judíos
que contribuyeron a alimentar una tradición de hostilidad hacia el judaísmo, con
consecuencias graves a lo largo de la historia. Asimismo, muchos escritos patrísticos
reprodujeron ideas patriarcales que subordinaban a las mujeres y naturalizaban su
inferioridad social y familiar. Con el tiempo, concepciones históricas de esa clase
pudieron presentarse como si fueran expresión inmutable de la voluntad divina.
T
a
m
bién las controversias doctrinales estuvieron atravesadas por luchas de poder
. E
n el
C
oncilio de Éfeso, celebrado en 431, la disputa entre Cirilo de Alejandría y Nestorio
de Constantinopla en torno a la denominación de María como Theotokos —Madre de
Dios— implicó a autoridades eclesiásticas y a la corte imperial. Hubo asambleas
rivales, maniobras políticas e intervención del emperador. La condena de Nestorio no
puede comprenderse plenamente al margen de ese contexto. Esto significa que la
elaboración de la ortodoxia estuvo condicionada por rivalidades, intereses e
intervenciones imperiales. En la práctica, la verdad religiosa podía identificarse con la
interpretación que lograba imponerse institucionalmente. La discrepancia pasó a
despertar sospechas y la pluralidad pudo verse como una amenaza para la unidad.
La transformación afectó también a la vida religiosa. Las reuniones domésticas dieron
paso, con la expansión de la Iglesia, a ceremonias más solemnes en grandes basílicas.
La comunidad fue perdiendo protagonismo frente a una estructura especializada y
jerarquizada. Se acentuó la separación entre clérigos y laicos, y el sacerdote ocupó un
lugar central como mediador de los bienes religiosos. La participación de los fieles
tendió a volverse más receptiva y dependiente.
T
a
m
bién crecieron el culto a los
m
ártires, las peregrinaciones y la veneración de
imágenes. Estas prácticas entrañaban el riesgo de que los objetos y lugares sagrados
desplazaran la atención del mensaje de Jesús y del compromiso con las personas. Las
controversias iconoclastas de los siglos VIII y IX reflejaron esa preocupación. El
segundo Concilio de Nicea, en 787, respaldó la veneración de imágenes, sin que ello
eliminara el problema de fondo: la práctica religiosa puede centrarse en ceremonias y
objetos mientras descuida la justicia, la solidaridad y a quienes sufren.
La acumulación de estos cambios alteró las prioridades del cristianismo. La
fraternidad, la justicia y la liberación de los oprimidos fueron perdiendo centralidad
frente a la conservación de la doctrina, la administración de los sacramentos, el
cumplimiento de obligaciones rituales y la obediencia a la jerarquía.
Se produjo una inversión decisiva: en vez de juzgar las estructuras religiosas a la luz
del Evangelio, se empezó a medir la fidelidad al Evangelio según las exigencias de
esas estructuras. La pertenencia institucional podía adquirir más importancia que el
comportamiento concreto. Así, alguien podía considerarse buen cristiano por cumplir
las normas, participar en ceremonias y aceptar las enseñanzas oficiales, aunque
permaneciera indiferente ante la pobreza, la explotación o el sufrimiento ajeno. La
religión podía convertirse en refugio de la conciencia, en lugar de ser una llamada a
transformar la realidad.
Esta contradicción resulta especialmente grave porque Jesús criticó una religiosidad
centrada en las prescripciones exteriores que descuida la justicia, la misericordia y la
fidelidad. Su denuncia de quienes imponían a los demás cargas que ellos mismos no
estaban dispuestos a llevar sigue siendo un criterio incómodo para cualquier
institución que acumule normas, privilegios y mecanismos de control.
La alianza con los poderes políticos, económicos y sociales dejó una huella profunda.
En distintas etapas históricas, la Iglesia legitimó estructuras injustas, se benefició de
ellas o evitó cuestionarlas para proteger sus propiedades e influencia. Cuando la
conservación institucional entra en conflicto con la justicia, aparece la tentación de
sacrificar esta última para proteger la primera.
Este proceso ayuda a comprender el clericalismo: la atribución al estamento
eclesiástico de una superioridad religiosa y una capacidad de decisión que sitúan a los
demás creyentes en una posición subordinada. El conocimiento, la interpretación
autorizada de la fe, la toma de decisiones y la administración de lo sagrado quedan
concentrados en un grupo considerado imprescindible.
L
a for
m
ación tradicional del
clero ha contribuido a reproducir esa mentalidad. Cuando se priorizan la doctrina
oficial, el derecho canónico, la administración sacramental y la disciplina, quienes se
forman dentro del sistema tienden a conservarlo. Si sus estructuras se presentan como
expresión de una voluntad divina inmutable, cuestionarlas puede parecer equivalente
a cuestionar a Dios. Y si la obediencia se impone sobre la libertad de conciencia, el
pensamiento crítico despierta recelo.
Se crea así un círculo de reproducción: las estructuras forman a quienes después las
mantienen. Por eso, la dificultad actual de la Iglesia para reformarse no se explica
únicamente por la resistencia de algunos sectores o por la falta de voluntad de sus
dirigentes. El problema es más profundo: la institución ha identificado con frecuencia
su propia conservación con la fidelidad a Jesucristo. Cuando cuestionar sus
estructuras se entiende como cuestionar la fe, disminuye su capacidad para reconocer
los propios errores.
Las reformas administrativas, la mejora de la imagen pública y algunos cambios
organizativos resultan insuficientes si no se revisa críticamente el modelo de Iglesia
heredado de siglos de alianza con el poder.
La pregunta fundamental es, por tanto, para qué existe la Iglesia: ¿para conservar una
organización, sus autoridades y sus bienes, o para dar testimonio del proyecto de
Jesús y contribuir a hacerlo realidad? Su razón de ser no es sobrevivir por sí misma,
sino anunciar el Reino de Dios mediante comunidades que practiquen la fraternidad,
la justicia, la solidaridad y la defensa de la dignidad humana. Su autoridad sólo puede
justificarse como servicio, y su credibilidad depende de la coherencia entre lo que
proclama y lo que hace.
Recuperar el proyecto de Jesús exige revisar no solo determinados comportamientos,
sino también las ideas, tradiciones y estructuras que han deformado su mensaje. No
todo lo heredado posee automáticamente legitimidad evangélica: algunas tradiciones
pueden reflejar condicionamientos históricos, intereses de poder o concepciones
humanas que necesitan ser reconsideradas.
La fidelidad cristiana no consiste en defender incondicionalmente a la Iglesia
institucional ni en confundir la obediencia a sus autoridades con la obediencia a Dios.
Consiste en someter permanentemente a la Iglesia a la crítica del Evangelio.
El desafío actual no es solo conseguir que la institución sobreviva, recupere prestigio
o se adapte a los nuevos tiempos. Es recuperar la fuerza transformadora del
movimiento de Jesús, que situó la dignidad de las personas, la justicia, la misericordia
y la fraternidad por encima de las normas, los privilegios y las estructuras de poder.
Una Iglesia que conserva sus templos, jerarquías, propiedades, ceremonias y
doctrinas, pero no coloca en el centro la lucha contra el sufrimiento, la injusticia y la
exclusión, puede seguir siendo una institución poderosa, pero habrá perdido buena
parte de su razón de ser. La supervivencia institucional no equivale a la fidelidad al
Evangelio; una reforma que no afronte esa contradicción difícilmente será verdadera.
Hay acontecimientos que sacuden a una sociedad entera y obligan a mirar más allá de
la versión oficial. Eso es lo que propone el abogado y analista político José Manuel
Rivero en su demoledor texto La vida como variable de ajuste: sangre y muerte en
los raíles privatizados. Tomando como punto de partida dos trágicos accidentes
ferroviarios ocurridos en España a lo largo de 2026 —el descarrilamiento de Adamuz
en enero y la colisión de Urda en octubre—, Rivero plantea una tesis tan contundente
como incómoda: estas tragedias no son fruto de la mala suerte ni de fallos
aislados, sino el resultado lógico de poner el negocio por delante de la seguridad.
De la foto oficial a la realidad del desgaste
Para entender cómo se ha llegado a esta situación, el autor echa la vista atrás hasta
1992, año en que se inauguró la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla al calor de la
Exposición Universal. Nació entonces lo que Rivero llama un «escaparate»: una
infraestructura pensada para proyectar una imagen internacional de modernidad y
tecnología punta.
Sin embargo, el problema de los escaparates es que requieren un cuidado constante
que no siempre da titulares ni fotos oficiales. Más de tres décadas después, la arteria
pionera del AVE sigue funcionando en gran parte con el mismo sistema de protección
(el llamado sistema LZB), mientras que la implantación del estándar europeo más
moderno (ERTMS) se ha ido posponiendo una y otra vez. ¿Por qué? Según el autor,
porque cambiar toda la tecnología suponía frenar el tráfico comercial y desembolsar
un dinero que prefirió ahorrarse.
Empresas con beneficios récord, vías con parches
El núcleo de la crítica de Rivero se adentra en la gestión económica. Hoy en día, la
entidad pública Adif ostenta la titularidad de las vías, pero la tarea diaria de reparar y
mantener la infraestructura se encomienda a consorcios de empresas privadas (las
conocidas UTE).
Aquí es donde el artículo revela una paradoja sangrante: mientras las grandes
constructoras y multinacionales implicadas en este mantenimiento publican beneficios
astronómicos año tras año, las vías sufren el desgaste de un tráfico ininterrumpido. El
texto desmonta el lenguaje técnico para explicar algo muy sencillo: cada euro que
una empresa privada ahorra en mantenimiento o en sensores de alerta es un
euro más que va a parar a las ganancias de sus accionistas. La seguridad deja de
ser un compromiso absoluto y se convierte en un coste a recortar.
El «error humano» como chivo expiatorio
Cuando la cadena falla, la maquinaria busca a quién culpar. El autor denuncia cómo la
burocracia y la justicia tradicional tienden a señalar rápido con el dedo al eslabón más
débil: el técnico que no detectó la fisura a tiempo o el operador del centro de control
que dio luz verde a la marcha.
Hablar de «error humano» o «desgracia fortuita» resulta extremadamente cómodo
para el poder. Culpar a una persona concreta permite cerrar el caso, indemnizar a las
víctimas y dejar intacto el sistema de contratos y subcontratas. Se castiga al trabajador
peor pagado y con menor margen de decisión, mientras la red de empresas que diseñó
los protocolos con poco personal y plazos asfixiantes queda al margen de cualquier
responsabilidad penal.
Un debate político que mira para otro lado
Por último, el artículo carga contra la respuesta de la política institucional. Rivero
señala que la oposición y los grandes medios prefieren convertir la tragedia en una
pelea de barro partidista, exigiendo dimisiones y personalizando la culpa en la figura
del ministro de Transportes.
Esta estridencia política cumple una función anestésica: entretiene al público pidiendo
«cabezas» para que nadie se detenga a cuestionar si el modelo de privatizar y
subcontratar los servicios públicos es, en sí mismo, el verdadero problema.
Un toque de atención para el futuro
El análisis de José Manuel Rivero no busca tranquilizar al lector, sino sacudirlo. Nos
recuerda que las vías del tren no son solo acero y electrónica, sino decisiones
humanas y prioridades económicas congeladas en el tiempo.
Su conclusión es tan clara como sombría: mientras el mantenimiento del
transporte público se gestione como un activo financiero para enriquecer a unos
pocos, la seguridad seguirá estando en riesgo. La única forma de evitar que la
historia se repita no es cambiar la cara del ministro ni sancionar a un operario, sino
cambiar de raíz la prioridad: que la vida de los pasajeros esté siempre por encima de
la cuenta de resultados.
El artículo de José Manuel Rivero que aquí reseñamos puede consultarse en la
página web de HOJAS DE DEBATE, a través del siguiente enlace:
https://hojasdebate.es/destacado/la-vida-como-variable-de-ajuste-sangre-y-
muerte-en-los-railes-privatizados/
Asimismo, puede accederse a él desde la página web de nuestra Comunidad de
Cristianos de Base de Gijón (https://cristianosdebasedegijon.com/), donde
abordamos cuestiones relacionadas con la realidad social y eclesial, a la luz del
Evangelio y desde la perspectiva de la Teología de la Liberación que inspira nuestro
compromiso.
La santidad se juega hoy en la calle: donde la dignidad reclama derechos y la tierra
pide auxilio
Delibes abrió los ojos. Ahora toca mover las manos
Delibes cargó las escopetas y los silencios con puntería de notario. Unos mandaban; otros
obedecían. La injusticia calzaba botas de señorito y se permitía el lujo de parecer natural.
Hoy hablamos de los santos con los ojos abiertos. Gente que, además de condolerse,
pregunta; que, además de socorrer, se organiza. Han aprendido que algunas desgracias
tienen domicilio fiscal y que ciertas fatalidades se aprueban en consejos de administración.
El sufrimiento evitable no se limpia con un pañuelo: se combate con justicia. El pañuelo
sigue siendo necesario —también los luchadores lloran—, pero un pañuelo sin agenda es
una limosna con buena prensa.
Una aureola puede ser una persiana bajada
Durante siglos, la santidad se encerró entre muros: clausura, recogimiento, renuncia,
obediencia a ciegas. Hubo allí vidas admirables, hospitalidad y estudio. También hubo
santos de camino, curando cuerpos y desafiando poderes.
P
ero aquella i
m
agen se
m
bró una sospecha venenosa
:
para acercarse al cielo convenía alejarse
del suelo. El cuerpo era un sospechoso; la historia, un peligro; la política, una epidemia.
Así, una resignación muda parecía más santa que una protesta justa. El pobre agradecido
quedaba precioso en la estampa. El pobre organizado arruinaba la composición.
El cielo tendrá que esperar: hay un vecino solo
Jesús pidió proteger a los suyos del mal, no arrancarlos del mundo (Jn 17,15). Conviene
recordarlo cuando la espiritualidad se disfraza de agencia de viajes hacia ninguna parte.
La trascendencia permite reconocer una dignidad que ningún precio puede tasar. El
proble
m
a surge cuando la coloca
m
os tan alta que deja de ilu
m
inar la
m
esa donde falta el pan.
Los santos conscientes escuchan, acompañan, reclaman. Rezan —quienes rezan— con los
nombres de sus vecinos dentro. Y luego comprueban si el vecino ha comido.
Francisco y el peligro de adueñarse de Dios.
Francisco, Papa, insistió: el tiempo es superior al espacio; iniciar procesos pesa más que
conquistar posiciones (Evangelii gaudium, 222-223). Idea incómoda para quien confunde
fidelidad con antigüedad en el sillón.
Ocupar espacio da seguridad, llaves y, a veces, trato de excelencia. Iniciar procesos obliga a
compartir decisiones.
Estos santos de hoy fundan asociaciones, sostienen escuelas, abren viviendas, recuperan
huertos. Quizá nunca inauguren nada con placa. Les basta con que algo viva. La semilla
trabaja bajo tierra y deja que el árbol se lleve los aplausos.
La caridad también audita el presupuesto
Quien necesita cenar esta noche no se alimenta del programa de reformas de la próxima
legislatura. Pero, servida la cena con caridad, queda la pregunta: ¿por qué volverá a tener
hambre mañana?
La santidad consciente entra ahí en política: defiende vivienda, sanidad, educación,
cuidados y trabajo digno.
Repartir mantas despierta elogios; preguntar quién dejó a tanta gente a la intemperie
provoca incomodidad.
Estos santos tienen manos para repartir mantas y voz para reclamar viviendas.
También en el pueblo se decide la dignidad
En la España vaciada, la injusticia llega sin estruendo: desaparece un autobús, se recorta
una consulta, cierra una escuela, se apagan casas, se quedan en barbecho las fincas.
Después llegan los discursos sobre nuestras raíces. Las raíces, mientras tanto, esperan
transporte para ir al médico.
Allí la santidad acompaña al anciano, recibe a una familia y pelea por servicios que
permitan quedarse.
Un pueblo vivo tiene niños haciendo ruido, mayores atendidos, ventanas abiertas y huertos
produciendo. Para el silencio absoluto ya están los cementerios.
La tierra no tiene cuenta bancaria
Estos santos defienden el agua, los bosques, las semillas y los bienes comunes. Hemos
confundido la generosidad de la tierra con un permiso de saqueo.
Preguntan qué se produce, para quién y a qué coste. Defienden una investigación que
atienda necesidades humanas aunque prometa pocos dividendos. Una universidad sometida
a quien paga acaba siendo un departamento comercial con toga.
Mientras tanto, el río lleva agua, memoria y preguntas que ningún balance responde.
Comprometidos, incluso cuando incomodan a los suyos.
Toman partido por la dignidad y vigilan las obediencias ciegas. Ninguna sigla recibe
permiso indefinido para atropellar personas.
Su horizonte va del vecino abandonado a las instituciones que deben proteger derechos
universales. La humanidad común es su cimiento. El extranjero le pertenece antes de
presentar papeles. El adversario también, aunque cueste recordarlo.
Necesitan autocrítica y humor: cuánto ego cabe dentro de una causa magnífica.
El milagro de dejar vivir.
El Evangelio vincula la vida encontrada con la vida entregada (Mc 8,35). Estos santos
disfrutan de la amistad, del pan y de la fiesta. Su alegría tiene puertas y sitio en la mesa.
Después de su paso, alguien respira mejor, un derecho queda protegido, un pueblo conserva
esperanza.
Bajemos los pedestales a la plaza. Hace falta piedra para levantar bancos donde sentarnos
juntos.
Y que los santos se sienten entre nosotros: hay mucho mundo que reparar.
En el entorno de los Cristianos de Base de Gijón, y organizada por el grupo de La
Calzada, tuvo lugar una conferencia de María José Capellín, en el que ésta compartió sus
reflexiones sobre la situación política y social, los desafíos que afrontamos como sociedad
y la necesidad de recuperar una cultura política basada en la participación, la cooperación y
el compromiso colectivo.
L
a intervención tuvo co
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o punto de partida una iniciativa de
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ovilización ciudadana en favor
de una candidatura unitaria de las fuerzas progresistas al
S
enado
. U
na propuesta que
, m
ás allá
de sus resultados electorales concretos, pretendía contribuir a superar uno de los problemas
que, a juicio de la conferenciante, debilitan gravemente a la izquierda: su tendencia a la
división y la incapacidad de alcanzar acuerdos sobre objetivos y programas compartidos.
La necesidad de otra cultura política
C
apellín defendió que la unidad no exige que las distintas organizaciones renuncien a su identidad
ni que se integren en una única formación política. Se trata, por el contrario, de reconocer la
diversidad
,
respetar las diferencias y alcanzar acuerdos sobre propuestas concretas
. P
uso co
m
o
ejemplo experiencias de otros países en las que organizaciones muy diversas son capaces de
concurrir conjuntamente a las elecciones, manteniendo sus respectivas identidades.
Para ella, esta tarea no puede dejarse exclusivamente en manos de los partidos. Es necesario
que la sociedad civil recupere protagonismo y exija a las organizaciones políticas otra
manera de actuar: acuerdos electorales, programas definidos, capacidad de negociación y,
sobre todo, una mayor conexión con los problemas reales de la ciudadanía.
La política se ha convertido, en buena medida, en un espacio de enfrentamiento,
descalificación y disputas internas que provoca rechazo, especialmente entre la gente joven.
Frente a la idea de que participar en política equivale a entrar en un mundo de corrupción y
luchas por el poder, recordó que la política debería ser una de las actividades más nobles: la
gestión de los asuntos comunes al servicio de la sociedad.
También cuestionó la excesiva profesionalización de la actividad política. Cuando las
personas permanecen durante décadas en las estructuras partidarias y sus experiencias
vitales y laborales quedan reducidas al ámbito institucional, aumenta el riesgo de que se
alejen de la realidad cotidiana de la ciudadanía. Los partidos, insistió, son instrumentos al
servicio de la sociedad, no fines en sí mismos.
La sociedad civil como espacio de encuentro y transformación
Para ilustrar que personas con planteamientos muy diferentes pueden trabajar
conjuntamente, Capellín recordó la experiencia del Lyceum Club Femenino de Madrid,
que desarrolló su actividad entre 1926 y 1936. En él coincidieron mujeres de procedencias
ideológicas y sociales muy diversas, unidas por el propósito de crear un espacio en el que
pudieran formarse, expresarse y desarrollar sus capacidades intelectuales y artísticas.
Aquella experiencia no se limitó al intercambio cultural. Sus integrantes impulsaron
también iniciativas sociales, como la transcripción de libros al sistema braille, para lo que
llegaron a contar con cerca de doscientas voluntarias, y la creación de un espacio de
atención a los hijos de madres trabajadoras.
La conferenciante destacó el significado de aquella experiencia: mujeres muy diferentes
fueron capaces de construir una alianza y desarrollar proyectos de utilidad colectiva sin
necesidad de renunciar a sus respectivas identidades. Una enseñanza que consideró
especialmente válida para el momento actual.
Los grandes desafíos de nuestro tiempo
En su análisis de la situación política, Capellín señaló varias cuestiones que considera
funda-mentales y ante las que las fuerzas progresistas necesitan elaborar respuestas
convincentes.
Una de ellas es el cambio climático. No se trata de una preocupación abstracta, sino de una
realidad que se manifiesta en las sequías, las lluvias extremas y los incendios, y que genera
una inquietud creciente, especialmente entre las generaciones jóvenes. Frente a ello,
denunció los discursos negacionistas de la extrema derecha, que pretenden presentar el
problema como una invención ideológica.
Otro desafío importante es el demográfico y migratorio. La desigualdad entre Europa y las
regiones de África y Oriente Medio, junto con las enormes diferencias en las oportunidades
de vida, hace inevitable que continúen los movimientos migratorios. La humanidad siempre
se ha desplazado buscando mejores condiciones para vivir.
Por eso, consideró insuficiente limitarse a defender una actitud solidaria o humanitaria. Es
necesario construir una convivencia real
,
en la que las personas que llegan sean reconocidas co
m
o
nuevos ciudadanos y formen parte de nuestra sociedad. También hay que saber responder a
las inquietudes de quienes experimentan dificultades para reconocer como propio un
entorno social cada vez más diverso. El objetivo debe ser construir un sentimiento
compartido de pertenencia, en el que la diversidad no se perciba como una amenaza.
La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías constituyen otro ámbito de preocupación.
Capellín llamó la atención sobre la influencia de las redes sociales, su capacidad para
movilizar a grandes grupos de personas y su utilización para difundir mensajes de odio,
provocar enfrentamientos y alimentar el deterioro de la convivencia democrática.
Le preocupa especialmente que las nuevas tecnologías puedan terminar sustituyendo las
relaciones humanas y reforzando el aislamiento individual. A ello se añade el enorme poder
de los grandes propietarios de las plataformas tecnológicas, cuya concentración de riqueza e
influencia representa, en su opinión, una amenaza para la democracia.
En este contexto, advirtió sobre el avance de la extrema derecha y la legitimación creciente
de discursos deshumanizadores, particularmente contra las personas migrantes y los
sectores más vulnerables. No se trata únicamente de discrepancias ideológicas: cuando se
justifica retirar ayudas a quienes carecen de vivienda o promover la persecución de
inmigrantes, está en juego una cuestión moral fundamental.
Del individualismo a la recuperación de lo colectivo
Una de las reflexiones más interesantes de la conferencia fue la referida al cambio de
paradigma que, desde una perspectiva antropológica, considera que estamos viviendo.
Durante buena parte de la historia humana, explicó, la pertenencia a una comunidad, una
familia, una iglesia, un partido o un sindicato constituyó un elemento fundamental de la
vida de las personas. Aquellas formas de pertenencia podían generar también autoritarismo,
rigidez y exclusión de quienes no se ajustaban a las normas establecidas. Como reacción, se
desarrollaron las libertades individuales, un avance indiscutible.
Sin embargo, considera que hemos llegado a un individualismo extremo que amenaza con
debilitar los vínculos sociales y la capacidad de emprender proyectos comunes. La
insistencia cultural en el bienestar individual, en cuidarse a uno mismo y en anteponer las
propias necesidades ha terminado relegando la dimensión colectiva de la existencia.
Esta reflexión tuvo una referencia especial a las experiencias religiosas. Capellín manifestó
su preocupación por aquellas formas de vivencia cristiana que se concentran en la
dimensión litúrgica o mística, pero que no se traducen en compromiso social. Recordó, a
propósito de ello, que incluso las grandes figuras de la mística cristiana, como santa Teresa,
supieron unir su experiencia espiritual con una intensa actividad práctica.
La fe, por tanto, no debería convertirse en un refugio individual que nos aleje de la realidad,
sino que tendría que impulsar la participación y el compromiso con las personas y los
problemas de nuestro entorno.
La importancia de no dar por perdidas las batallas
En el coloquio posterior se abordaron algunas cuestiones relacionadas con la unidad de la
izquierda, los procedimientos para elegir candidaturas y las posibilidades de construir
alternativas políticas desde el ámbito local.
Capellín expresó sus reservas ante unas primarias que, cuando no existen verdaderas
diferencias de proyecto entre las candidaturas, pueden terminar convirtiéndose en
enfrentamientos entre grupos y liderazgos personales. A su juicio, sería más razonable
comenzar por construir proyectos colectivos desde abajo: grupos de trabajo, plataformas y
espacios plurales en los que se debatan las necesidades de cada ciudad y se elaboren
propuestas en materia sanitaria, económica, ecológica y de infraestructuras. Sólo después
tendría sentido elegir a las personas encargadas de defenderlas.
La política debería recuperar así su relación directa con la ciudadanía y con sus
necesidades, en lugar de quedar atrapada en las disputas internas de las organizaciones y en
las expectativas de los medios de comunicación.
La conferencia concluyó con una llamada a no caer en el pesimismo ni en la sensación de
que todos los esfuerzos realizados han sido inútiles. Capellín recordó que muchas
conquistas sociales, también en el ámbito de los derechos de las mujeres, han sido fruto de
luchas prolongadas. Aunque no siempre se obtengan resultados inmediatos, existen avances
que conviene reconocer y transmitir, especialmente a las generaciones jóvenes.
Su mensaje final fue una invitación a mantener la confianza en la capacidad de
transformación de la sociedad. Hay batallas que se pierden, pero también muchas que se
ganan. Y, como vino a recordar, las únicas batallas que se pierden con seguridad son
aquellas que no se dan.
La reflexión que deja este encuentro interpela también a quienes, desde el compromiso
cristiano y desde otras experiencias de participación social, seguimos creyendo en la
necesidad de construir una sociedad más justa, fraterna y solidaria. Recuperar la dimensión
comunitaria, promover la participación desde abajo y trabajar por objetivos compartidos
son tareas que no pueden delegarse exclusivamente en las organizaciones políticas. Exigen
la implicación de una ciudadanía activa, capaz de defender el bien común frente al
individualismo, la desigualdad y la deshumanización.