Una especial coyuntura
Este número del boletín de nuestro colectivo de Cristianos de Base se publica en un contexto de
especial inestabilidad política y social, tanto en España como en el ámbito internacional.
E
n nuestro país, la proxi
m
idad de unas elecciones generales está
m
arcada por la incertidu
m
bre y la
posibilidad de un avance de las fuerzas conservadoras y de derechas
. E
sta situación no es un hecho
aislado
,
sino que for
m
a parte de una preocupante tendencia internacional de auge de la derecha y la
extre
m
a derecha. Incluso allí donde estas corrientes han sido derrotadas electoral
m
ente
,
co
m
o ocurrió
recientemente en Brasil, persiste una actitud inquietante: la resistencia a aceptar los resultados de
las urnas y las reglas de la democracia. Así lo hemos visto en distintas ocasiones, tanto en nuestro
país como en Estados Unidos, tras la derrota electoral de Donald Trump en 2020.
Esta deriva se acompaña de una creciente agresividad política y de un debilitamiento del respeto a
las normas constitucionales y democráticas. No estamos únicamente ante un enfrentamiento de
ideas o de programas políticos, sino también ante una lucha por el poder y por el mantenimiento
de los privilegios. Las élites económicas y políticas endurecen sus posiciones cuando ven
amenazados sus intereses, mientras amplios sectores de la población sufren las consecuencias de
un sistema que genera desigualdad y exclusión.
Al mismo tiempo, asistimos a un creciente descontento social reflejado en las movilizaciones y
protestas que, tras iniciarse en Francia, se han extendido a otros países europeos como España. La
ciudadanía denuncia el encarecimiento de la vida, el deterioro de la sanidad y la educación
públicas tras años de recortes y privatizaciones, la precariedad laboral, la amenaza sobre las
pensiones y las crecientes dificultades para acceder a una vivienda. Todo ello evidencia el impacto
de unas políticas económicas y sociales que, con demasiada frecuencia, anteponen el beneficio
económico al bienestar de las personas.
A esta situación se añade la prolongación de la guerra de Ucrania y el peligro de una escalada
militar de consecuencias imprevisibles. La apuesta por el rearme y la confrontación entre Rusia y
la OTAN agrava la tensión internacional y amenaza con extender el conflicto, mientras se
destinan enormes recursos a la preparación militar que podrían contribuir a atender necesidades
sociales urgentes. Frente a esta dinámica, resulta imprescindible defender una salida negociada a
los conflictos y una política de seguridad basada en la diplomacia, la cooperación y la paz.
Como comunidad de Cristianos de Base, no podemos contemplar esta realidad con indiferencia
ni resignarnos ante ella. Jesús de Nazaret nos invita a saber interpretar los signos de los tiempos
(Lc 12, 54-56) y a reconocer su presencia en quienes padecen la pobreza, la exclusión y la
injusticia (Mt 25, 31-46). Su mensaje nos compromete a situarnos junto a las personas
empobrecidas y vulnerables, y a cuestionar las estructuras que generan sufrimiento y desigualdad.
Frente a la lógica de la dominación, el rearme y el recorte de derechos, el Evangelio nos llama a
ser testigos y constructores de justicia, paz y fraternidad. No puede haber paz verdadera sin
justicia social, ni democracia plena si los intereses económicos y militares se anteponen
sistemáticamente a la vida y a la dignidad de las personas.
En esta coyuntura, reafirmamos nuestro compromiso con las luchas de los pueblos, la defensa de
los bienes comunes y la construcción de una sociedad más justa y fraterna. Aspiramos a un mundo
en el que el pan, la salud, la educación y la vivienda digna, así como la paz, no sean privilegios al
alcance de unos pocos, sino derechos garantizados para todos. Para quienes seguimos a Jesús, este
compromiso es también una forma de hacer presente, aquí y ahora, el Reino de Dios.
Los artículos que integran este número del boletín abordan distintos aspectos de la problemática
aquí expuesta y ofrecen elementos para la reflexión y el compromiso. Quienes deseen seguir
profundizando en estos temas pueden encontrar información y materiales de manera regular en
nuestra página web: https://cristianosdebasedegijon.com/
Boletín núm. 95 - 1 de noviembre de 2026
E
l jueves
22
de octubre
,
doce obispos católicos asistieron a una reunión con la
O
ficina de
A
suntos Religiosos de la Casa Blanca, por invitación de la Fundación Heritage. Varios
miembros católicos de la administración Trump también estuvieron presentes. Tras la
reunión, los obispos fueron acompañados al Despacho Oval, donde los esperaba el
presidente Trump. Se reunieron a su alrededor para un momento de oración.
Poco después, la Casa Blanca publicó un video en línea que mostraba a los obispos
orando con Trump, dando la impresión de que los obispos respaldaban a los
candidatos republicanos del presidente Trump de cara a las elecciones de mitad de
mandato programadas para el 3 de noviembre. Estas elecciones desempeñarán un
papel crucial en la determinación de la composición del Congreso y el rumbo de los
próximos dos años de la presidencia de Trump.
T
ras la difusión viral del vídeo
,
que causó gran vergüenza entre los católicos estadounidenses
y la jerarquía episcopal, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos
(USCCB) emitió un breve comunicado desvinculándose del evento anunciado: «Este
no fue un evento organizado por la USCCB. No está afiliado a la Conferencia».
La Casa Blanca respondió de inmediato a través de su nueva portavoz, Taylor Rogers:
«El presidente Trump ha puesto fin al uso del gobierno federal como arma contra los
cristianos. Ha defendido y ampliado con orgullo nuestros derechos religiosos, ha
concedido indultos a activistas provida, ha detenido la mutilación química de los
niños de nuestra nación y ha protegido los derechos parentales». Sin duda, estas son
iniciativas que podrían encontrar apoyo entre los obispos estadounidenses y los
católicos en general.
Queda por ver si asistir a una reunión en la Casa Blanca poco antes de las elecciones
de mitad de mandato fue la decisión más acertada por parte de los obispos presentes.
A estas alturas, debería ser evidente que la administración Trump tiene una visión
instrumental del cristianismo estadounidense. Esta visión está marcada por la
perspectiva evangélica de un cristianismo militante que apoya acríticamente las
políticas del presidente, orquestadas por Paula White-Cain, asesora y estratega de
política religiosa de Trump.
Además, los obispos deberían haber tenido en cuenta la postura agresiva que Trump y
algunos miembros católicos prominentes de su administración han adoptado hacia el
Papa León y hacia aquella parte del catolicismo estadounidense que no está alineada
con su agenda (incluidos muchos obispos).
Sin duda, la oportunidad de dialogar para abordar las preocupaciones de la Iglesia
Católica estadounidense sobre el estado de la nación, las tensiones que dividen a la
sociedad estadounidense y los temas centrales para la misión pastoral de la Iglesia en
E
stados
U
nidos
,
co
m
o la dignidad inalienable de todo ser hu
m
ano
,
independiente
m
ente
de su estatus o inmigración, representa una oportunidad importante.
S
in e
m
bargo, los doce obispos —especialmente aquellos que no comparten las políticas
de Trump— debieron haber considerado con mayor detenimiento el momento de la
reunión. Como mínimo, fue ingenuo de su parte no tener en cuenta que la visita a la
Casa Blanca podría ser una trampa política tendida por la actual administración.
En cuanto a los obispos que asistieron a la reunión y se vieron en el centro de atención
mundial al aparecer en un vídeo rezando junto a Trump, cabe decir que la reunión
tuvo el efecto contrario.
Tras algunas dudas, algunos se sintieron obligados a aclarar su postura y disculparse
por haber perjudicado a católicos y ciudadanos estadounidenses que consideraban
inapropiado e incompatible su supuesta alineación con la administración Trump, en
contra de las directrices de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos
sobre el tema, especialmente en vísperas de las elecciones de mitad de mandato.
El viernes 23 de octubre, el obispo de Denver, James Golka, quien dirigió la oración en
el Despacho Oval, dijo que había dudado si asistir a la reunión: «No estaba seguro de
qué hacer. Por un lado, era una gran oportunidad para plantear temas importantes en
beneficio de la Iglesia. Por otro lado, sabía que algunas personas podrían resentirse.
Aunque inicialmente pensé que era una reunión privada, sabía que podría hacerse
pública y que algunos podrían aprovecharla con fines políticos. Pero mientras oraba al
respecto, pensé: "Esto es lo que hacemos los católicos. Oramos por la gente.
Independientemente de si estamos de acuerdo o no en algo, siempre oramos por
nuestro país y nuestros líderes"».
S
in e
m
bargo
,
final
m
ente reconoció la a
m
bivalencia de su decisión
,
que ha causado dolor y
m
alentendidos entre los católicos estadounidenses
: «E
ntiendo que
m
uchos interpretaron
el video, publicado por la Administración doce días antes de las elecciones, como un
respaldo. Esa nunca fue mi intención. Los obispos estadounidenses enseñan que la
Iglesia no puede respaldar a ningún candidato ni partido. Mantengo esa postura.
Independientemente de cómo votes, en última instancia perteneces a Jesús, quien te
ama infinitamente más de lo que puedes imaginar. Muchas personas, amigos muy
queridos, me han preguntado: "¿Qué estabas haciendo?" "¿Por qué hiciste eso?" (...)
Me duele el corazón que la gente se sienta herida y que haya quienes intencionalmente
utilicen este momento para sembrar discordia. Esto no es fruto del Espíritu. Como
cristianos, estamos llamados a mirar más allá de los titulares, a menudo diseñados
para provocar, hacia la verdad completa».
En definitiva, la declaración de Gulka sigue siendo una defensa débil de su decisión de
asistir a la reunión —más una autojustificación que una explicación genuina—,
especialmente si se tiene en cuenta que un obispo estadounidense debería ser muy
consciente de que la imagen es más poderosa que la realidad y que los titulares
determinan lo que importa y la naturaleza del debate público.
Más convincente aún es la carta « Una disculpa pública » escrita por el obispo de
Milwaukee, Jeffrey Grob: «En los últimos días, he recibido muchas preguntas y
comentarios sobre la reunión del 22 de octubre en la que participé junto con otros
once obispos en la Casa Blanca, la cual fue hecha pública poco después por la
Administración sin el consentimiento de los participantes. Les ruego que comprendan
que mi intención nunca fue causar confusión, enojo o decepción entre aquellos a
quienes he confiado. Espero poder brindarles contexto sobre mi decisión de
participar. En primer lugar, la reunión no representó en modo alguno un respaldo al
presidente, sus políticas ni su partido. (...) Se nos informó que la reunión sería una
conversación privada, que algunos miembros católicos del Gabinete podrían
participar y que habría oportunidad de orar en privado con el presidente».
Así pues, tras una reunión de 90 minutos con el personal de la Casa Blanca y los
asesores de política nacional, finalmente nos acompañaron al Despacho Oval. El
presidente nos saludó, se sentó en su escritorio y nos obsequió con regalos
conmemorativos. A continuación, nos pidieron que nos pusiéramos de pie detrás de él
y oráramos. Después, se tomaron varias fotos y nos acompañaron al exterior. Sin que
los obispos lo supieran, también se grabó un vídeo. Sin embargo, los obispos no
autorizaron la difusión pública ni la publicación del vídeo ni de las fotos. La Casa
Blanca no tardó en publicar un vídeo y fotos de la oración. Pronto empecé a recibir
mensajes de profunda preocupación por haber participado inadvertidamente en un
acto político a menos de dos semanas de las elecciones nacionales. También recibí
informes de varias personas que se sentían dolidas por el daño que las políticas del
presidente les habían causado a ellas o a sus familias.
Tras escuchar las voces de sus fieles, quienes le hicieron ver lo inapropiado de su
participación en la reunión y el daño que había causado a los miembros de su Iglesia,
el obispo Grob ofreció sus sinceras disculpas y pidió perdón. Sin embargo, también
criticó duramente a la Casa Blanca por explotar un momento profundamente
religioso, como la oración, con fines políticos de cara a las próximas elecciones de
mitad de mandato, sin hacer referencia alguna al contenido de la reunión ni a las
preocupaciones expresadas por los obispos a la Casa Blanca.
Siento una profunda tristeza, no solo por el dolor que he causado, sino también
porque algo tan sagrado para un grupo de líderes religiosos —la oración a nuestro
Padre Celestial— haya sido manipulado de esta manera. Vinimos de buena fe para
trabajar por el bien del pueblo, aliviar su sufrimiento, promover el bien común y orar
con un presidente, no para posar para una foto con fines políticos. La Casa Blanca
jamás debió habernos puesto en esa situación. No fui allí sin reservas. Ojalá las
hubiera tenido en cuenta. Sepan que he escuchado estas preocupaciones, entiendo
cómo las expresé y pido disculpas por cualquier daño que mis acciones hayan causado.
En definitiva, la publicación del vídeo de los doce obispos estadounidenses rezando
con Trump resultó contraproducente para el presidente y para las ambiciones
electorales de los funcionarios de la administración Trump que orquestaron esta
emboscada contra la Iglesia Católica estadounidense.
Tras este episodio, la brecha entre Trump y muchos obispos y católicos
estadounidenses podría ampliarse aún más.
Este episodio podría resultar constructivo para la segunda mitad del mandato de
Trump, si aprendiera la lección y comprendiera que la postura crítica de la Iglesia
Católica hacia algunos aspectos de sus políticas no pretende socavar su autoridad
como presidente, sino más bien contribuir al bien común de todo el país.
El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha publicado el documento Venite ad me («Venid a
mí»), dedicado a la transmisión de la fe hoy. Su punto de partida son las palabras de Jesús:
«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11,28). Es una
invitación a encontrar en él consuelo y esperanza. Sin embargo, estas palabras se interpretan de
forma incompleta si se convierten en la llamada a una religiosidad tranquilizadora, ajena a los
sufrimientos y conflictos de la sociedad.
El Jesús de los evangelios no sólo alivia nuestras cargas; también nos interpela y nos invita a
transformar la realidad. Cuando habla de tomar la cruz cada día (Lc 9,23) o advierte que su
mensaje provocará división (Lc 12,51), muestra que su propuesta no se limita al consuelo
espiritual. Jesús convoca a trabajar por el Reino de Dios: un proyecto de vida personal y
colectivo fundado en la justicia, la fraternidad, la misericordia y la atención preferente a
quienes sufren.
Esta dimensión transformadora es esencial. Parábolas como la del Samaritano cuestionan una
religiosidad que antepone el cumplimiento de las obligaciones cultuales a la atención concreta
al prójimo herido. No basta con honrar a Dios mediante prácticas sagradas; es preciso
reconocerlo y servirlo en las personas necesitadas. Desde esta perspectiva, cabe preguntarse si
Venite ad me desarrolla suficientemente la dimensión social de la propuesta de Jesús o si deja
en segundo plano la construcción del Reino de Dios en la historia.
Entre la devoción tradicional y el proyecto del Reino
Ante la pérdida de influencia de las referencias religiosas tradicionales, la pregunta básica no
debería reducirse a cómo conseguir que quienes se han alejado regresen a la Iglesia. Es
necesario plantearse qué imagen de Jesús y qué experiencia de Dios estamos ofreciendo.
Una de las principales aportaciones de Venite ad me consiste en situar a Jesucristo en el
centro. El cristianismo no nace de la aceptación de normas, la adhesión a una institución o el
aprendizaje de doctrinas abstractas, sino del encuentro con Jesús. Sin embargo, este encuentro
no puede quedar reducido a una vivencia interior, a una devoción privada o a la búsqueda
individual de salvación.
Jesús anunció una forma nueva de organizar las relaciones humanas que cuestionaba los
valores dominantes, denunciaba la hipocresía religiosa y ponía en el centro a los excluidos. Su
enfrentamiento con los poderes políticos y religiosos no fue un accidente, sino la consecuencia
de la radicalidad de su mensaje. Seguir a Jesús supone asumir las consecuencias de una opción
por la justicia y la fraternidad, incluso cuando entra en conflicto con los intereses de quienes
concentran el poder y la riqueza.
La acomodación histórica a los poderes dominantes
L
a crisis actual de la trans
m
isión de la fe no se explica sólo por el secularis
m
o; exige ta
m
bién un
exa
m
en crítico de la trayectoria de la Iglesia
. D
esde el siglo
IV,
con
C
onstantino
,
la institución fue
estrechando sus vínculos con las estructuras de poder hasta confundir con frecuencia la
defensa de sus propios intereses con la defensa de la fe. Este secular contubernio entre el «altar
y el trono» se traduce hoy en concordatos, acuerdos privilegiados e inmatriculaciones de
bienes, privilegios eclesiásticos... No resulta creíble anunciar la fraternidad de Jesús mientras
se defienden ventajas económicas, jurídicas o políticas heredadas.
La contradicción aparece cuando la Iglesia se acomoda a los intereses de los dominadores en
lugar de ejercer una función crítica frente a la injusticia. La autocrítica eclesial no puede
limitarse a reconocer errores personales o mejorar métodos pastorales; debe alcanzar a las
estructuras históricas de poder y a los intereses materiales que la condicionan.
De la institución eclesial a la comunidad de hermanos
Con frecuencia, la vida eclesial se organiza como una estructura jerárquica dirigida desde
arriba, donde predominan dogmas innecesarios, ritos cerrados, normas estrictas y una nula
participación efectiva de la base. Conviene distinguir entre la organización necesaria para la
vida colectiva y el institucionalismo, que convierte en fines prioritarios la conservación de las
estructuras, la autoridad y los privilegios. La transmisión de la fe no prospera allí donde las
personas son tratadas como destinatarias pasivas. Necesita comunidades vivas donde sea
posible preguntar, dialogar, disentir y compartir responsabilidades, abriendo un espacio real a
las mujeres, los jóvenes y los sectores excluidos.
Fraternidad y comunión de bienes
El documento señala que la fe se transmite mediante el testimonio, pero el testimonio exige
coherencia. La vocación comunitaria del cristianismo encuentra su referente en los Hechos de
los Apóstoles, donde los primeros creyentes compartían sus bienes para que nadie pasara
necesidad. La comunión de bienes expresa una intuición evangélica clave: los recursos deben
estar al servicio de la vida y no convertirse en instrumentos de acumulación. Hoy no basta con
la solidaridad asistencial o las campañas puntuales; hay que revisar las causas estructurales de
la pobreza. Sin una dimensión social y económica real, la fraternidad corre el riesgo de
reducirse a una palabra piadosa.
Comunidades vivas y transformadoras
Las pequeñas comunidades cristianas y los grupos de base desempeñan una función
insustituible al leer el Evangelio desde la realidad de los empobrecidos. Pero no deben ser
meros refugios de fraternidad en una sociedad individualista, sino semillas de transformación
social. La fe adquiere dimensión profética cuando denuncia la utilización de la religión para
legitimar el poder, cuestiona los privilegios incompatibles con la igualdad y reclama que la
economía y la política estén al servicio de la vida.
Conclusión: Recuperar el Evangelio, no la de Cristiandad
La cuestión fundamental no es cómo conseguir que más personas regresen a la Iglesia, sino
cómo lograr que nuestras comunidades se acerquen más al proyecto de Jesús. El consuelo que
ofrece Cristo no es una evasión de la realidad, sino el comienzo de una vida nueva que nos
impulsa a transformar aquello que produce sufrimiento.
Venite ad me acierta al centrarse en Jesucristo, pero deja insuficientemente desarrollada la
dimensión histórica, social y política de su proyecto: el Reino de Dios como alternativa a los
«reinos de este mundo». Su planteamiento corre el riesgo de quedar en una renovación
religiosa que busca recuperar la práctica tradicional sin cuestionar las estructuras que restan
credibilidad a la Iglesia. La fe no se transmite restaurando una Iglesia de cristiandad,
centrada en organizar devociones, administrar sacramentos y ofrecer recetas de
salvación individual. Se transmite haciendo visible, en la vida de las comunidades y en la
transformación de la sociedad, la alternativa que Jesús anunció y practicó.
M
ás que recuperar la influencia perdida
,
la Iglesia debe recuperar la libertad frente a los poderes y
la
cercanía a los empobrecidos. Solo entonces la invitación de Jesús dejará de sonar como una
promesa de refugio privado y será escuchada como una llamada a encontrar alivio en la
fraternidad y a comprometerse con la construcción de un mundo más justo.
Hay una Iglesia que parece empeñada en quedarse sola. No porque el Evangelio
haya perdido su fuerza, ni porque Jesús haya dejado de interpelar al ser humano, sino
porque quienes dirigen la institución confunden demasiadas veces la fidelidad a Cristo
con la obediencia a sus propias interpretaciones. Cuando alguien piensa, pregunta o
cuestiona, aparecen las advertencias, las desautorizaciones y los silencios. Después,
cuando los templos se vacían, la institución se pregunta por qué.
Son muchos los teólogos y las teólogas que, por pensar críticamente la fe y
cuestionar determinadas posiciones de la jerarquía, han sufrido incomprensiones,
censuras o marginación dentro de la Iglesia. Detrás de cada uno hay años de
estudio, reflexión y compromiso con el Evangelio. ¿Cómo puede una Iglesia que
proclama la universalidad de su mensaje tener tantas dificultades para aceptar la
pluralidad de pensamiento entre sus propios miembros?
Por supuesto, la libertad teológica no convierte cualquier afirmación en verdadera ni
exime a nadie de la crítica. La Iglesia tiene derecho a exponer sus convicciones
doctrinales y a debatir las interpretaciones que considera equivocadas. Pero una cosa
es argumentar y otra muy distinta es desacreditar, arrinconar o silenciar. La autoridad
puede establecer límites institucionales; no puede sustituir con ellos el trabajo de
la razón, la fuerza de los argumentos y la búsqueda honesta de la verdad.
E
n enero de
2003
,
la
C
o
m
isión
E
piscopal para la Doctrina de la Fe publicó una nota sobre
el libro Dios y Jesús, de Juan José Tamayo, cuestionando determinadas afirmaciones
cristológicas y señalando que el autor carecía de misión canónica para enseñar teología.
Más allá de las discrepancias doctrinales concretas, aquel episodio plantea una
pregunta que sigue siendo actual: ¿qué hace la Iglesia con quienes, desde dentro de la
preocupación por el cristianismo, se atreven a formular preguntas incómodas?
Aunque el pontificado de Francisco impulsó una cultura eclesial más abierta al
diálogo y al discernimiento, todavía persisten, en determinados ámbitos de la
jerarquía eclesial, inercias de control y desconfianza hacia el pensamiento
teológico crítico. La apertura al diálogo no puede quedarse en las declaraciones ni
depender de la sensibilidad particular de cada responsable eclesiástico: debe traducirse
en prácticas concretas de escucha, respeto y libertad responsable.
Tamayo y otros teólogos han insistido en dimensiones esenciales del Evangelio: la
solidaridad con los pobres, la fraternidad, la justicia, la apertura al diálogo y la necesidad
de interpretar la tradición a la luz de los desafíos contemporáneos. Sus propuestas
pueden discutirse, pero no deberían despacharse sin más. ¿De qué sirve proclamar la
divinidad de Cristo si olvidamos su identificación con quienes sufren? ¿Qué
sentido tiene defender las fórmulas de la fe si no nos dejamos transformar por la
vida y el mensaje de Jesús?
«E
l sábado se hizo para el ho
m
bre y no el ho
m
bre para el sábado
»
(M
c
2,27
). E
sta afir
m
ación
debería resonar ta
m
bién en los despachos episcopales
. L
a institución está al servicio del
E
van-
gelio
,
no el Evangelio al servicio de la institución. Cuando las normas y los mecanismos
de control terminan asfixiando la libertad de conciencia, algo esencial se ha desfigurado.
«L
a verdad os hará libres
» (J
n 8,32
). L
a búsqueda teológica exige libertad, responsabilidad
y honestidad.
Una Iglesia que teme las preguntas termina temiendo la inteligencia; una
Iglesia que sospecha de sus pensadores acaba empobreciendo su propia tradición.
¿Cómo puede pretender anunciar al mundo la riqueza de su pensamiento si, dentro de
sus propias comunidades, la discrepancia se contempla como una amenaza?
Hace poco, un amigo me contó que un sacerdote le había advertido de que quizá no
podría seguir haciendo las lecturas en la iglesia por sus ideas, próximas a las de algunos
de estos teólogos. Si los hechos sucedieron como me los relató, estamos ante un
síntoma preocupante. ¿Desde cuándo la participación en una comunidad cristiana
debe depender de la afinidad ideológica con quienes ejercen la autoridad? ¿Quién
puede arrogarse el derecho de decidir qué creyentes merecen participar y cuáles
deben ser apartados por pensar de otra manera?
J
esús fue especial
m
ente severo con la hipocresía religiosa y con quienes i
m
ponían cargas
a los de
m
ás
. S
e acercó a los excluidos
,
co
m
partió
m
esa con personas
m
al vistas y recordó
a sus discípulos que no debían impedir el bien realizado por otros. «El que no está
contra nosotros está a favor de nosotros» (Mc 9,40). Cuesta comprender que, en su
nombre, se levanten fronteras entre creyentes aceptables y creyentes sospechosos.
Mientras tanto, muchos cristianos se alejan de una institución en la que ya no
encuentran respuestas a sus preguntas ni un lenguaje capaz de acompañar sus
sufrimientos. Algunos no han dejado de buscar a Dios: han dejado de reconocerse
en determinadas imágenes de Dios transmitidas por la religión. Buscan
misericordia, comprensión y una fe que no se alimente del miedo. ¿No debería
preocuparnos que tantas personas encuentren más libertad para plantear sus
dudas fuera de la Iglesia que dentro de ella?
He oído decir en más de una ocasión, con una mezcla de indignación y desencanto:
«Ellos se creen dueños del chiringuito; pues que se queden con el chiringuito».
La frase es dura, pero expresa una tragedia tan antigua como la fe: el riesgo de que la
institución, como la Jerusalén del Evangelio, termine apedreando o silenciando a los
profetas que la invitan a convertirse. Cuando una estructura se comporta como
propietaria de Dios y de las conciencias, termina expulsando a quienes se niegan a
confundir comunidad con sometimiento. Pueden conservar sus normas y sus espacios
de poder, pero no pueden garantizar que la gente siga encontrando allí el Reino de Dios.
La Iglesia no necesita menos teología, sino más libertad; no menos fidelidad, sino una
fidelidad más profunda a Jesús; no menos pensamiento crítico, sino más capacidad de
escuchar, discernir y dialogar. Porque el criterio último de la vida cristiana no puede
separarse del amor: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos: en que os
amáis unos a otros» (Jn 13,35). En definitiva, la Iglesia necesita menos religión y más
Evangelio.
Si la institución continúa silenciando o marginando a quienes la obligan a pensar, no
podrá sorprenderse de que cada vez más personas se marchen. Tal vez debería
preguntarse si están abandonando el Evangelio o si sienten que es la propia institución
la que les ha cerrado la puerta.
Que se queden con el chiringuito, si eso es lo único que les importa. Pero que no
pretendan convencernos de que el chiringuito es el Reino de Dios.
La lógica del capital: ganancias sin rostro ni escrúpulos
Hablar de “fondos buitre” no es referirse a una anomalía o a una fruta podrida dentro
del árbol del libre mercado; es describir el funcionamiento natural de la economía
capitalista llevada a su máxima coherencia financiera. Estos fondos de inversión
inmobiliaria e infraestructuras operan bajo una premisa sencilla: adquirir activos
deprimidos o bienes públicos a precio de saldo, optimizar la extracción de beneficio
en el menor tiempo posible y desinvertir tras multiplicar el capital invertido.
En el ámbito de la vivienda, este mecanismo convierte un derecho humano
fundamental en una simple materia prima especulativa. Cuando un fondo adquiere un
bloque de viviendas residenciales, sus prioridades son inequívocas:
Incremento drástico de rentas: Forzar la salida de inquilinos históricos no
renovando contratos o aplicando subidas inasumibles.
Precarización y acoso inmobiliario: Reducir al mínimo el mantenimiento de los
edificios para deteriorar la convivencia y forzar el desalojo sistemático.
Maximización de retorno: Revender los inmuebles por fracciones o convertirlos en
pisos turísticos para multiplicar la rentabilidad inicial.
El capital financiero no conoce las historias humanas que habitan tras cada puerta. Su
única métrica es el rendimiento porcentual para sus inversores, demostrando que la
búsqueda desmedida de ganancia por cualquier medio no es un exceso puntual, sino el
motor constitutivo del sistema.
La incompatibilidad radical entre el capitalismo especulativo y el Evangelio
Desde el punto de vista ético y teológico, la mentalidad que sustenta la especulación
inmobiliaria se sitúa en abierta contradicción con el espíritu evangélico. Las
Escrituras y la Tradición Social de la Iglesia reiteran de forma incesante la primacía
de la persona sobre el capital y el destino universal de los bienes.
Jesús de Nazaret fue tajante al señalar la imposibilidad de conciliar la fe con la
idolatría del dinero: «No podéis servir a Dios y al Dinero» (Mt 6, 24). La
acumulación que priva al hermano de su sustento básico o de su techo choca
frontalmente con la justicia del Reino:
La vivienda como bien de uso vs. bien de cambio: El Evangelio sitúa las
necesidades de los más vulnerables en el centro de la comunidad. Reducir el hogar a
un activo financiero es una forma de violencia estructural.
El destino universal de los bienes: Como ha recordado la doctrina social cristiana,
sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social. Ninguna ganancia económica
es legítima si se edifica sobre el desamparo o el sufrimiento ajeno.
Por ello, la connivencia o participación en estas dinámicas de mercado no es sólo un
error de gestión, sino una quiebra profunda de la coherencia fe-vida.
El caso FUSARA: cuando la lógica especulativa rozó a la Iglesia de Madrid
Uno de los episodios más dolorosos en España sobre la penetración de estas
dinámicas financieras se vivió en la Archidiócesis de Madrid a través de la
Fundación Santamarca y San Ramón y San Antonio (FUSARA), cuyo patronato
estaba presidido históricamente por la autoridad diocesana.
Origen y desvío del fin social
FUSARA administraba un importante patrimonio inmobiliario legado a lo largo de las
décadas por particulares con un encargo muy concreto: destinar las rentas al
mantenimiento de colegios y ofrecer alquileres accesibles a familias de rentas medias
y bajas.
La venta en bloque de 2019
En 2019 salieron a la luz las operaciones de venta en bloque de 13 edificios
residenciales céntricos de Madrid por un importe cercano a los 74 millones de euros
—precio sensiblemente inferior al valor real de mercado—. La operación se articuló
mediante sociedades opacas y entramados societarios vinculados a la inversión
privada especulativa.
Las consecuencias humanas y la respuesta judicial
Las familias residentes pasaron de la noche a la mañana a vivir bajo el fantasma de
los burofax, la no renovación de sus contratos, subidas inasumibles y la amenaza
constante de desahucio.
El escándalo social derivó en una investigación judicial promovida por la Fiscalía y
por los propios vecinos contra exgestores y delgados de fundaciones por presuntos
delitos de estafa, administración desleal y falsedad documental. Aunque el
Arzobispado apartó a los gestores implicados, alegando haber sido engañado por un
entramado externo, y se personó en las causas para intentar revertir las ventas, el daño
humano a más de un centenar de familias ya se había consumado.
Conclusión
El caso de la diócesis de Madrid ilustra el riesgo de dejarse seducir por las sirenas del
mercado financiero. Cuando las instituciones que deberían velar por el bien común o
encarnar el mensaje evangélico se adentran en los laberintos de la ingeniería
inmobiliaria, las consecuencias las pagan siempre los mismos: las familias
trabajadoras. La denuncia de los "fondos buitre" no es una mera consigna política,
sino una exigencia moral en defensa de la dignidad humana frente a la tiranía del
beneficio sin límites.
L
o que acaba de decir
J
osé María Figaredo, portavoz económico de Vox, es muy serio. Y
m
uy peligroso
. N
o tanto por la solvencia de sus argu
m
entos
—
a este presunto economista,
orador mejorable y señorito ejemplar no le preocupa hacer bien las cuentas
—
sino porque
sus ideas pueden convertirse en políticas de gobierno después de las elecciones generales
del próximo 29 de noviembre. Y, sobre todo, porque el Partido Popular ya ha
demostrado que, cuando tiene ocasión, no le tiembla la mano para sacar la motosierra
contra las pensiones y los servicios públicos. Lo hizo durante los gobiernos de Mariano
Rajoy, con los recortes en sanidad, educación y dependencia y con una reforma de las
pensiones aprobada en 2013 que rompió su vinculación con el coste de la vida.
Su planteamiento era que la jubilación de la generación del baby boom debía financiarse
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los recursos generales del Estado para garantizar su poder adquisitivo. El resultado fue
un mecanismo que, mientras persistiera el desequilibrio financiero del sistema,
condenaba las pensiones a subir apenas un 0,25% anual, con independencia de cuánto
aumentasen los precios. Si aquel mecanismo hubiera seguido aplicándose desde 2022,
las pensiones serían hoy aproximadamente un 17% inferiores a las que actualmente se
cobran. Esa es la diferencia acumulada entre las revalorizaciones aprobadas durante
estos cinco años y las que habrían resultado de aplicar el mínimo del 0,25% anual.
Afortunadamente, el Gobierno de coalición derogó aquella reforma en 2021 y recuperó
por ley el derecho de los pensionistas a mantener su poder adquisitivo. Y lo ha cumplido
incluso en las circunstancias más difíciles. En 2023, cuando la inflación se había
disparado tras la invasión rusa de Ucrania, las pensiones aumentaron un 8,5%. Defender
el poder de compra de las personas mayores ha dejado así de ser una promesa electoral
para convertirse en una obligación legal del Estado.
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igaredo afirma que el sistema es un «zombi» y que está quebrado. Su injustificada
reforma consiste en sustituir parcialmente el sistema de reparto por otro de capitalización
individual. Es decir, retirar una parte de las cotizaciones de la caja común para
depositarlas en cuentas individuales cuyos rendimientos dependerán de su inversión en
los mercados financieros. La propuesta de Figaredo supone romper uno de los acuerdos
sociales más importantes de nuestra democracia: que las pensiones públicas son un
derecho colectivo, sostenido mediante la solidaridad entre generaciones y entre personas
con distinta capacidad económica. El sistema de reparto ha sido una de las grandes
conquistas civilizatorias del siglo XX.Contribuyó decisivamente a reducir la pobreza en
la vejez, que hasta bien entrado el siglo pasado constituía uno de los grandes problemas
sociales, y sigue siendo uno de los principales instrumentos de redistribución de la renta.
Gracias a él, la protección durante la jubilación no depende exclusivamente de cuánto
haya podido ahorrar cada individuo a lo largo de su vida, sino de un compromiso
colectivo que protege también a quienes han sufrido salarios bajos, desempleo,
enfermedades o interrupciones laborales por responsabilidades familiares. Sustituir una
parte de ese derecho por cuentas de capitalización no es una simple modificación
financiera. Es cambiar la naturaleza del contrato social. En un sistema de capitalización
individual, las desigualdades de la vida laboral se trasladan con mayor intensidad a la
jubilación. Quien gana más puede acumular más y quien tiene carreras intermitentes,
salarios bajos o períodos dedicados a los cuidados, acumula menos.
En el sistema de capitalización se disparan los riesgos, la pensión pasa a depender de los
rendimientos de unos mercados financieros sometidos a crisis recurrentes.
Adicionalmente, en el sistema de capitalización se disparan los riesgosa al depender
ahora la pensión pasa a depender de los rendimientos de unos mercados financieros
sometidos a crisis recurrentes. El trabajador deja de tener garantizada una prestación
definida por normas públicas y se convierte, en parte, en inversor forzoso de sus propios
ahorros. Si las bolsas suben, puede beneficiarse, pero si se hunden cuando se aproxima
su jubilación, las pérdidas pueden condicionar el resto de su vida. La experiencia
internacional debería bastar para desconfiar de semejante experimento.
Durante los años ochenta y noventa, al calor de la ofensiva neoliberal, numerosos países
privatizaron total o parcialmente sus sistemas de pensiones. Chile, bajo la dictadura de
Pinochet, fue el laboratorio inicial, aunque paradójicamente las Fuerzas Armadas se
mantuvieron en el sistema de reparto. Según una investigación publicada por la
Organización Internacional del Trabajo en 2018, entre 1981 y 2014 treinta países
emprendieron reformas privatizadoras y dieciocho terminaron revirtiéndolas total o
parcialmente. El supuesto ahorro para el Estado es además falso: cuando los fondos
privados atraviesan dificultades graves, aumenta la presión para que los poderes públicos
intervengan y eviten que millones de personas pierdan sus ahorros. Se privatizan los
rendimientos y las comisiones de gestión, pero una parte importante de los riesgos
continúa socializada. Los que ganan son los gestores de fondos de pensiones -
BlackRock, Vanguard, los bancos, …- y quienes pierden son las personas trabajadoras.
La principal enmienda al discurso de Figaredo es todavía más sencilla: las pensiones
públicas españolas no están quebradas.
Sin embargo, la principal enmienda al discurso de Figaredo es todavía más sencilla: las
pensiones públicas españolas no están quebradas.Ni existe ninguna fatalidad económica
que conduzca a su quiebra en el futuro. Es cierto que el envejecimiento de la población
exigirá un esfuerzo adicional. La AIReF estima que el gasto público en pensiones
aumentará alrededor de 3,4 puntos del PIB entre 2022 y 2050, cuando se alcance
aproximadamente el máximo de la presión demográfica derivada de la jubilación de los
baby boomers. Es un desafío importante, que exige aumentar los ingresos y sostener el
crecimiento económico y del empleo. Pero es un esfuerzo asumible para una economía
como la española muy bien posicionada en la transición verde -con una electricidad cada
vez más limpia y barata- y en medio de una revolución digital que disparará la
productividad del trabajo y que hará ganar centralidad a los servicios, donde nuestro país
tiene claras ventajas.
Hay, además, una cuestión histórica que los defensores del recorte suelen omitir.
Durante las décadas de los setenta, ochenta y noventa, cuando España tenía una
población mucho más joven, el sistema generó grandes superávits que, en lugar de
acumularse en un fondo de reserva para financiar las futuras jubilaciones, contribuyeron
a sufragar otras necesidades colectivas. Si los excedentes de aquella etapa se hubieran
ahorrado e invertido sistemáticamente, hoy se dispondría de un importante patrimonio
acumulado para financiar las pensiones. Varios análisis académicos han estimado que un
fondo hipotético alimentado por los excedentes históricos habría alcanzado en 2004 un
volumen equivalente al 34% del PIB.
No se puede aceptar, por tanto, que una generación financiara con su trabajo la
modernización del país y que, cuando llega su jubilación, se le diga que cada cual debe
arreglárselas con sus propios ahorros.
A esto se añaden recursos de la Seguridad Social que, durante años, financiaron gastos
que deberían haberse cubierto mediante impuestos generales, como complementos a
mínimos y determinados gastos sanitarios. Entonces se decidió acertadamente no
capitalizar esos excedentes sino emplearlos en construir un Estado social moderno. Se
extendió la educación, se universalizó la asistencia sanitaria y se desarrollaron
infraestructuras y servicios de los que hoy nos beneficiamos todos, especialmente las
generaciones más jóvenes, que han recibido una sociedad incomparablemente más
próspera y con más oportunidades que la de sus abuelos.
No se puede aceptar, por tanto, que una generación financiara con su trabajo la
modernización del país y que, cuando llega su jubilación, se le diga que cada cual debe
arreglárselas con sus propios ahorros. Eso es romper unilateralmente el acuerdo entre
generaciones que constituye el fundamento del sistema de reparto. Para justificar esta
operación, algunos llevan años intentando sustituir la lucha de clases por una lucha
dentro de la propia clase trabajadora. Nos cuentan que los pensionistas les quitan los
derechos a los jóvenes. Que mantener el poder adquisitivo de las pensiones es un
privilegio insostenible. Como si quienes cobran pensiones modestas —casi el 60% de
los jubilados perciben menos de 1.500 euros mensuales— fueran los responsables de las
dificultades de emancipación de las nuevas generaciones.
Quienes verdaderamente están comprometiendo las oportunidades de los jóvenes no son
sus abuelos. Son los propietarios que les exigen alquileres abusivos cada vez más
alejados de los salarios.
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la energía y otros bienes esenciales. Son también los grandes patrimonios que consiguen
reducir su contribución fiscal mientras las rentas del trabajo sostienen una parte
fundamental de los ingresos públicos. Enfrentar a trabajadores jóvenes con trabajadores
jubilados es en lo que andan empeñados los “señoritos ejemplares” pues para ellos tiene
una utilidad política evidente: desplazar el conflicto distributivo desde quienes
concentran la renta y la riqueza hacia quienes dependen de su trabajo para vivir.
La segunda gran propuesta de Figaredo es la motosierra fiscal y de los servicios
públicos. Vox plantea sustituir la estructura actual del IRPF por un sistema con un
mínimo exento de 22.000 euros, un tipo del 15% hasta los 70.000 euros y otro del 25%
para las rentas superiores, eliminando deducciones y bonificaciones. En primer lugar, se
trata de una reforma muy regresiva pues, aunque la existencia de un mínimo exento
también beneficiaría a muchas rentas medias y bajas, las rentas altas serían las
principales favorecidas gracias a la drástica reducción de los tipos marginales.
En segundo lugar, produciría una importante caída en los ingresos públicos: su propio
portavoz reconoce una pérdida de recaudación de
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eliminar gravámenes sobre la energía e introducir nuevos beneficios fiscales. Figaredo
sostiene que para financiar todo esto bastaría con eliminar las subvenciones superiores a
100.000 euros anuales. Pero no identifica qué programas concretos desaparecerían ni
cuánto ahorrarían realmente sus recortes. Bajo la palabra «subvenciones» se agrupan
ayudas a empresas, sectores productivos, investigación, formación, transición energética
y numerosas actividades de interés general. Suprimirlas indiscriminadamente significa
destruir inversiones, empleo y políticas públicas necesarias.
La primera ministra británica, Liz Truss, duró tres días en el cargo por proponer una
reforma similar a la de Figaredo, como consecuencia de la respuesta de los mercados.
A lo anterior habría que añadir, el alto riesgo de colapso de la deuda pública española en
los mercados financieros de llevarse a cabo este importante recorte de los ingresos
públicos. De hecho, la primera ministra británica, Liz Truss, duró tres días en el cargo
por proponer una reforma similar a la de Figaredo, como consecuencia de la respuesta de
los mercados. Y el ejemplo de Milei -vanguardia actual de la motosierra- debería servir
también para escarmentar en cabeza ajena. Sus políticas han logrado un superávit en las
cuentas públicas, pero a costa de rebajar un tercio el poder adquisitivo de las pensiones y
eliminar la inversión pública, lo que promete dejar al país aún más descolgado del
progreso; al tiempo que se han recortado los impuestos a los ricos.
La cuestión de fondo es que los impuestos no son dinero que desaparece de los bolsillos
de la ciudadanía como pretende trasladar Vox: son hospitales, escuelas, la dependencia,
becas y los servicios públicos que la ciudadanía recibe a cambio. El agujero fiscal y la
reducción acelerada de la deuda pública que promueve Vox significan un Estado social
más pequeño. Se debilitaría así la universalidad y la calidad de los servicios públicos.
Quienes tengan ingresos suficientes podrán pagarse la sanidad privada, colegios
privados, seguros y planes individuales de jubilación. Los demás dependeríamos de unos
servicios públicos crecientemente deteriorados y de unas pensiones públicas
progresivamente insuficientes. El resultado sería una sociedad más desigual y
estratificada, donde la calidad de la educación, la atención sanitaria y la seguridad
económica en la vejez dependerían cada vez más de la renta familiar. Lo que está en
juego no es una discusión técnica sobre la mejor fórmula de actualización de las
pensiones o sobre cuántos tramos debe tener el IRPF. Es mucho más profundo: es
decidir si queremos seguir viviendo en una sociedad donde la seguridad económica, la
educación, la salud y una vejez digna sean derechos de ciudadanía, o avanzar hacia otra
que dependa fundamentalmente de una riqueza individual que no está distribuida de
partida justamente, sino que hunde su origen en privilegios heredados.
La derecha ya utilizó una vez la crisis económica para recortar derechos que parecían
consolidados. Es por ello que las declaraciones de Figaredo deben ser tomadas muy en
serio ahora que vuelve a desempolvar la motosierra, con un programa que amenaza el
corazón redistributivo de nuestra democracia y las bases materiales de nuestra
convivencia. La respuesta requiere una movilización social y democrática oceánica,
capaz de defender las conquistas colectivas frente a quienes pretenden desmantelarlas.
Vivimos en un tiempo de profundas transformaciones: la revolución tecnológica, la
inteligencia artificial, la transición energética, los cambios demográficos, la reorganización
de la economía mundial… Sin embargo, detrás de todos estos cambios, late una pregunta
que rara vez nos formulamos con suficiente hondura: ¿qué tipo de sociedad estamos
construyendo y al servicio de quién?
No se trata sólo de evaluar si estamos progresando, sino de dilucidar hacia dónde
avanzamos, quién se beneficia de ese rumbo y quién queda relegado al margen.
Una de las marcas más preocupantes es la brecha creciente de la desigualdad. Mientras una
minoría acumula cotas inéditas de riqueza y poder, amplias capas de la población afrontan
severas dificultades para acceder a una vivienda, conseguir un empleo estable, llegar con
dignidad a fin de mes o disponer de una atención sanitaria y unos servicios públicos
adecuados. La riqueza existe y se multiplica, pero su distribución es cada día más desigual.
El problema de la vivienda es un ejemplo paradigmático. Lo que debería ser un derecho
básico insustituible se ha transmutado para la mayoría en una mercancía sometida a la
lógica de la rentabilidad. Comprar un inmueble resulta inaccesible para buena parte de la
sociedad y los alquileres engullen una proporción asfixiante de los ingresos familiares.
¿Podemos calificar de avanzada a una sociedad en la que disponer de un techo digno
depende casi en exclusiva de la capacidad económica de cada individuo?
Algo semejante sucede en el ámbito laboral. La automatización y la inteligencia artificial
tienen el potencial de liberar a la humanidad de las tareas más penosas y de elevar la
productividad. Pero existe el riesgo manifiesto de que sus rendimientos se concentren en
quienes ostentan el control del capital, los datos y las infraestructuras tecnológicas,
mientras la clase trabajadora encara la precarización, la sustitución de empleos y una
inseguridad persistente. La cuestión de fondo no es rechazar o abrazar la tecnología, sino
determinar quién la controla y a qué fines sirve.
Asímismo, afrontamos una crisis ecológica que ya no de es una amenaza del futuro sino
una urgencia del presente. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la
contaminación, la escasez de agua y el agotamiento de recursos señalan los límites físicos
de un modelo económico basado en el crecimiento ilimitado. La naturaleza ni es una fuente
inagotable de materias primas ni un vertedero infinito para nuestros residuos.
Y mientras encaramos estos desafíos estructurales, el escenario internacional registra una
inquietante expansión de los conflictos armados y de la militarización. Las guerras no sólo
siembran muerte y devastación, sino que desencadenan desplazamientos masivos,
hambrunas, destrucción de infraestructuras vitales y una enorme merma de recursos
públicos. Es paradójico que una humanidad capaz de hitos científicos extraordinarios siga
recurriendo a la guerra para dirimir disputas políticas y económicas.
F. Castano
Las consecuencias de este deterioro recaen sobre los colectivos más vulnerables. Millones
de personas deben abandonar sus hogares a causa de la violencia, la persecución, la miseria
o la degradación ambiental. A menudo contemplamos las migraciones con una mirada
reduccionista, abordándolas de forma exclusiva como un problema de seguridad
transfronteriza y obviando las causas originarias del éxodo.
Mientras, nuestra calidad democrática atraviesa un momento delicado. La erosión de la
confianza institucional, la polarización política, la corrupción y la injerencia de los grandes
poderes económicos nutren la desafección ciudadana. A ello se suma la capacidad de las
grandes plataformas digitales para intermediar en el flujo informativo, condicionar la
agenda pública y moldear las opiniones.
Nunca dispusimos de tanta información y, sin embargo, nunca resultó tan difícil percibir la
manipulación. Aunque la I.A. ayuda notablemente en el ámbito educativo, científico y
social, también puede servir para la desinformación masiva, la alteración del debate público
y la polarización social. Una democracia sana exige ciudadanos informados, pero también
ciudadanos dotados de pensamiento crítico.
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todo esto se añade la transfor
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ográfica de una sociedad que envejece acelerada
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unque el incremento de la esperanza de vida es uno de los mayores logros de la
humanidad, plantea graves dilemas: ¿cómo garantizar unas pensiones y unas prestaciones
públicas dignas?, ¿continuaremos cargando esta responsabilidad sobre las familias?
Todos estos síntomas comparten una matriz común. Hemos erigido una civilización muy
dotada en el plano científico y técnico, pero aún no hemos sabido subordinar ese inmenso
poder al bien común. Hemos multiplicado la capacidad productiva sin resolver la justicia
distributiva; hemos interconectado el planeta sin asegurar una ciudadanía mejor formada; y
hemos alcanzado un potencial bélico capaz de la autodestrucción sin consolidar
mecanismos pacíficos para la resolución de desacuerdos.
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or ello
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la pregunta
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ero ejercicio teórico. Es una encrucijada política, económica,
social, cultural y, sobre todo, ética.
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Pero también es posible concebir un horizonte distinto: una sociedad donde la economía
esté al servicio de la vida, la vivienda y el trabajo garanticen una vida digna, los cuidados
sean responsabilidad compartida, la tecnología y el medio ambiente estén al servicio del
bien común, el origen no determine las oportunidades, las migraciones se aborden desde los
derechos humanos y la cultura de la paz prevalezca sobre el belicismo.
El futuro no está predeterminado; no consiste en añorar el pasado ni infravalorar el
presente, sino en asumir la responsabilidad actual de decidir cómo usar nuestra tecnología y
recursos para moldear la vida de las futuras generaciones.
En este punto, la parábola evangélica de las dos casas —la edificada sobre arena y la
levantada sobre roca— ofrece una lección de notable vigencia para nuestro tiempo. Una
sociedad que acumula un poder económico y tecnológico sin precedentes, pero descuida la
vivienda, precariza el trabajo, degrada el medio natural y abandona a sus mayores, es una
estructura edificada sobre arena. Ante el primer embate de las crisis, sus cimientos ceden
inevitablemente. Por el contrario, edificar sobre roca exige poner la dignidad humana en el
centro, garantizar los derechos fundamentales y fortalecer la cohesión social. Las tormentas
y las incertidumbres del siglo XXI llegarán sin remedio; de las decisiones que tomemos hoy
dependerá que nuestra casa común permanezca en pie.
