La degradación progresiva de la sanidad pública en España no es un fenómeno fortuito ni
resultado exclusivo de errores de gestión. Responde a una estrategia deliberada promovida
por las políticas neoliberales, orientada a vaciar de contenido los derechos sociales para
transformarlos en negocios privados. Esta lógica, que prioriza el beneficio económico sobre el
interés general, ha impregnado las políticas públicas desde hace décadas y afecta
directamente a la salud, uno de los pilares fundamentales del Estado social.
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) reconoce el
derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado que le asegure [...] la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios”.
La Constitución Española de 1978, en su artículo 43, establece que “se reconoce el derecho a
la protección de la salud” y que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud
pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.
Asimismo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), en su artículo
35, proclama el derecho de toda persona “a acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse
de la atención médica” dentro del respeto a las leyes nacionales.
Finalmente, la OMS establece como función esencial de los Estados garantizar el acceso
equitativo a servicios sanitarios de calidad.
Todos estos marcos jurídicos consolidan la salud como un derecho humano universal, cuya
garantía corresponde directamente al poder público, no al mercado.
Desde la década de 1990, el auge del neoliberalismo ha promovido un modelo económico
donde la rentabilidad y la maximización de beneficios se anteponen a los derechos
ciudadanos. En este esquema, los servicios públicos —incluida la sanidad— son presentados
como costosos, ineficientes o insostenibles, justificando así su privatización o su gestión mixta.
Esta privatización, lejos de mejorar la eficiencia, ha buscado principalmente abrir nuevos
nichos de negocio para grandes corporaciones, fondos de inversión y aseguradoras. El caso
de la sanidad es paradigmático: hospitales de gestión privada con financiación pública,
externalización de servicios esenciales, y concesiones a grupos privados son prácticas cada
vez más extendidas.
Gobierno de José María Aznar (1996-2004): se impulsa el modelo de colaboración público-
privada, como el llamado “modelo Alzira” en la Comunidad Valenciana, y se favorece la
externalización de servicios.
Reforma Constitucional de 2011 (artículo 135): pactada por el PSOE y el PP, consagra la
prioridad absoluta del pago de la deuda pública sobre cualquier gasto social, debilitando la
financiación de servicios esenciales como la sanidad.
Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018): se aprueba el Real Decreto-Ley 16/2012, que
restringe el acceso a la sanidad para inmigrantes en situación irregular y reintroduce el copago
farmacéutico, medidas claramente regresivas.
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de gestión privada y concesiones hospitalarias, fragmentando y debilitando el sistema.
Los recortes y la privatización encubierta han generado efectos medibles: Según datos del
Ministerio de Sanidad (2023), más de 830.000 personas esperaban una intervención
quirúrgica, con un tiempo medio de espera de 128 días, la cifra más alta registrada.
La precariedad laboral en el sector sanitario ha aumentado: contratos temporales, sobrecarga
de trabajo y falta de recursos son ya una constante.
Las diferencias entre comunidades autónomas en acceso y calidad de la atención reflejan una
sanidad a dos velocidades, donde la riqueza del territorio condiciona el derecho a la salud.
La crisis sanitaria global evidenció los efectos de años de desinversión. España enfrentó la
pandemia del COVID-19 con plantillas recortadas, falta de medios y una capacidad
hospitalaria muy por debajo de la media europea. La sanidad privada, lejos de asumir un papel
activo, aprovechó la situación para aumentar sus beneficios gracias a derivaciones y contratos
extraordinarios, mientras el sector público soportaba el grueso del esfuerzo asistencial.
La ciudadanía debe de concienciarse sobre la gravedad de esta problemática para:
- Exigir la financiación adecuada del sistema sanitario público, con un incremento sostenido de
la inversión pública hasta situarse al nivel de los países de la UE-15 (actualmente España está
por debajo de la media europea).
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erogar las leyes y decretos que favorecen la privatización
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- Reforzar la gestión pública directa de los servicios sanitarios, evitando modelos de
colaboración público-privada que favorecen la opacidad y la corrupción.
- Recuperar y fortalecer la atención primaria, como pilar esencial de la sanidad pública y
garante de la equidad en el acceso a la salud.
- Promover la participación ciudadana y la transparencia, exigiendo auditorías públicas y
control democrático sobre las políticas sanitarias.
- Unificar criterios y sistemas de control entre las comunidades autónomas, para asegurar una
cobertura sanitaria igualitaria y sin fragmentación.
En conclusión, la sanidad pública en España no está en crisis por azar ni por ineficiencia, sino
por una ofensiva planificada de las políticas neoliberales que pretenden transformar un
derecho humano en un negocio. La defensa de la sanidad pública es, por tanto, un
compromiso esencial con la justicia social, la democracia y la dignidad humana. Solo una
ciudadanía consciente y movilizada puede revertir este proceso y garantizar que la salud deje
de ser un privilegio para volver a ser un derecho universal.
