La expresión española “marear la perdiz” describe con precisión aquellas situaciones en las que se divaga sobre un asunto sin avanzar hacia su resolución. Se emplea para señalar discursos evasivos o confusos que evitan abordar el núcleo de un problema, ya sea por falta de claridad o para posponer una decisión incómoda. A continuación, explicaremos por qué consideramos que esta metáfora define fielmente el estado actual del proceso sobre la Sinodalidad.

Conviene empezar aclarando que la convocatoria del Sínodo de la Sinodalidad rompió esquemas profundamente implantados. Tras siglos de organización eclesial interna, el Concilio Vaticano I (1869-1870) definió e institucionalizó el poder del papa como soberano absoluto. Se estableció una relación indisoluble entre soberanía e infalibilidad, así como una conexión directa entre el poder magisterial y el de jurisdicción. Dado que, según aquel Concilio, el poder absoluto reside únicamente en el pontífice, toda autoridad y verdad eclesial derivan de él. Esta exaltación llegó al extremo de identificar al papa con Cristo, difundiendo en seminarios y sermones la doctrina de que «cuando el papa enseña, es Cristo quien enseña».

En una Iglesia cimentada sobre tal verticalidad, la propia existencia de concilios y sínodos deviene en paradoja. Si la verdad última y la potestad suprema residen exclusivamente en el Pontífice, ¿qué sentido tiene consultar al episcopado o a la base fiel? La necesidad de convocar estas asambleas parece sugerir una fisura en el concepto de autosuficiencia papal, al mostrar a un Sumo Pontífice necesitado de discernimiento externo. Esta contradicción, latente desde el Vaticano II, ha alcanzado su paroxismo con Francisco. Si en los sínodos sobre la familia la consulta se amplió a los fieles, el actual proceso sobre la sinodalidad ha dado un paso inédito al abrirse incluso a la sociedad civil. Ante este giro histórico, surge la pregunta inevitable: ¿estamos ante una democratización real o ante una estrategia para gestionar el disenso sin ceder el control?

Es imperativo reconocer que la institución eclesial atraviesa una erosión progresiva de su relevancia; su capacidad de interpelación se ha debilitado ante una ciudadanía que ya no reconoce en su discurso una propuesta de sentido válida. Desde la quiebra que supusieron la Ilustración y la Revolución Francesa, la Iglesia ha tendido a un enrocamiento en la tradición que la hace llegar, con frecuencia, tarde al discernimiento de los “signos de los tiempos”. Esta resistencia sistémica obstaculiza la asimilación de los giros culturales necesarios para establecer un diálogo simétrico con la modernidad. En este marco, no es casual que el Concilio Vaticano II cifrara su éxito en el aggiornamento: esa actualización orgánica indispensable para recuperar la sintonía con una historia que parece haberle tomado la delantera.

En el actual Sínodo, la sensación de distancia vuelve a mostrar el alejamiento entre la jerarquía de la Iglesia y la base de los fieles. Es significativo que el propio lema del proceso —«marchar juntos»— parezca señalar más una carencia que una realidad ya lograda. Algo parecido ocurre con el logotipo oficial, donde aparece un obispo con báculo avanzando entre el pueblo. Esta imagen, más que reflejar una comunión ya existente, sugiere que ese caminar conjunto no es un punto de partida, sino un objetivo aún por alcanzar. En conjunto, la iconografía no describe tanto una situación consolidada como una aspiración pendiente, y recuerda que, si no se producen cambios profundos, este “marchar” corre el riesgo de quedarse en un simple movimiento aparente, sin verdadera transformación.

Esto hace patente la contradicción que atraviesa todo el proceso sinodal. Si se trata de «marchar juntos», escuchar al Pueblo de Dios y discernir comunitariamente los caminos de la Iglesia, entonces la lógica interna del Sínodo exigiría una auténtica apertura a que esa escucha tenga consecuencias reales, incluso cuando estas cuestionen prácticas, estructuras o enseñanzas consolidadas. Pero por el modo en que está configurado el proceso se ve que la instancia decisoria última es la jerarquía, y que el papa conserva el derecho exclusivo de aceptar, matizar o descartar las propuestas surgidas de la consulta.

Nos encontramos, por tanto, ante una tensión difícil de resolver: por un lado, la necesidad de abrirse a una participación más amplia para recuperar credibilidad y relevancia; por otro, la voluntad de no ceder el control efectivo sobre las decisiones doctrinales y disciplinarias. Esta tensión no es sólo organizativa, sino también teológica y política. Afecta a la concepción misma de la autoridad en la Iglesia: ¿es el sensus fidei del conjunto de los fieles una fuente real de discernimiento vinculante, o queda reducido a un elemento consultivo cuya validez depende de su coincidencia con el criterio previo de la jerarquía?

La praxis institucional parece inclinarse hacia la preservación del statu quo. Los documentos preparatorios, las síntesis intermedias y los informes finales atraviesan múltiples tamices antes de alcanzar su forma definitiva. En este proceso, el lenguaje se modula, las propuestas se suavizan y las cuestiones más espinosas suelen diluirse en fórmulas de compromiso o ambigüedades calculadas. Este procedimiento garantiza una apariencia de apertura sin comprometer la arquitectura del poder: se escucha formalmente, pero se reserva a la cúpula la prerrogativa exclusiva de decidir qué fragmentos de esa realidad son “discernibles” y cuáles deben ser silenciados.

A esta dinámica se suma un factor estructural: la cultura institucional del clero. Forjada durante siglos bajo una lógica piramidal, esta mentalidad difícilmente puede transitar hacia un modelo participativo mediante decretos coyunturales. Desde la formación en los seminarios hasta la praxis del gobierno eclesial, se ha blindado una comprensión de la autoridad como potestad sagrada y unilateral, en lugar de como un servicio compartido. Sin reformas estructurales que redistribuyan de manera efectiva la toma de decisiones, el Sínodo corre el riesgo de quedar reducido a un ejercicio de retórica participativa que deja intacta la raíz del problema.

El proceso sinodal se debate, por tanto, entre dos fuerzas antagónicas. Por una parte, la urgencia de atajar una crisis de legitimidad que demanda transparencia, democracia interna y corresponsabilidad real. Por otra, la inercia de un sistema que teme que una apertura auténtica derive en una pérdida de control, en la fragmentación institucional o en el cuestionamiento del principio de autoridad. Es precisamente esta ambivalencia la que alimenta la sensación de estar “mareando la perdiz”: se multiplican los foros de diálogo mientras se posterga indefinidamente la resolución de las cuestiones de fondo que afectan a la vida de los fieles.

En última instancia, la cuestión no es tanto si la Iglesia es capaz de escuchar, sino qué está dispuesta a hacer con lo que escucha. Mientras no haya una respuesta clara y vinculante a esta pregunta, la sinodalidad seguirá moviéndose entre la novedad en el discurso y la continuidad en las estructuras; entre los gestos de apertura y el mantenimiento del control. Sin una voluntad real de cambio, el camino iniciado —aunque interesante en su planteamiento— corre el riesgo de seguir dando la impresión de un proceso que avanza con una cautela excesiva, casi paralizante, hacia un horizonte que poco a poco se percibe más como una oportunidad desaprovechada que como una transformación efectiva.

Hay, además, otras contradicciones que agravan el cuadro. La propia jerarquía dista mucho de ser un bloque homogéneo: está atravesada por divisiones profundas acerca del rumbo que la Iglesia debe seguir. Basta observar los vaivenes en la aplicación de las disposiciones del Concilio Vaticano II, siempre condicionados por el talante y las prioridades de cada pontífice. Esa falta de consenso interno se ha hecho visible también en el actual proceso sinodal. No pocos obispos y párrocos, reacios a cualquier modificación que afecte a su estatus y prerrogativas, han obstaculizado de hecho la participación del laicado: en algunos casos, desactivando iniciativas; en otros, cumpliendo los requisitos de manera meramente formal, sin generar espacios reales de escucha ni fomentar una implicación significativa de los fieles.

A ello se añade una cuestión decisiva: quiénes son los llamados a participar, es decir, el propio pueblo creyente. La Iglesia lleva más de dos siglos viendo cómo una parte importante de la sociedad deja de identificarse con ella, cuando antes esa pertenencia era casi automática por tradición cultural. Quienes permanecen en su interior han sido, en buena medida, formados en una religiosidad poco crítica, acostumbrada a considerar como inmutable lo que “siempre se ha hecho así”. En este contexto, el Evangelio ofrece una imagen especialmente significativa en la figura de Nicodemo: un hombre bienintencionado, pero condicionado por su formación religiosa hasta el punto de no lograr ir más allá de ella. De ahí que Jesús le hable de la necesidad de “nacer de nuevo”, es decir, de una transformación interior profunda. A lo largo del tiempo, la institución ha generado en gran medida perfiles de este tipo, una especie de nicodemos, creyentes formados en la continuidad más que en la revisión crítica. No resulta extraño, por tanto, que la respuesta al proceso sinodal haya sido limitada: en muchas parroquias apenas se constituyeron grupos, y allí donde se formaron, la participación fue reducida.

Sin embargo, incluso dentro de ese marco restringido, emergieron propuestas que apuntan directamente a cuestiones sensibles para la estructura clerical: la ordenación de mujeres, la revisión del celibato obligatorio, la posibilidad de bendecir determinadas formas de convivencia hoy consideradas «irregulares». Son demandas significativas, pero también revelan un límite: en su mayoría no cuestionan la raíz del problema, esto es, la propia existencia y configuración del sacerdocio clerical tal como ha sido históricamente desarrollado, cuya fundamentación evangélica resulta, cuando menos, discutible. Se pide reformar aspectos del sistema, pero rara vez se pone en tela de juicio el sistema mismo.

Aquí radica el núcleo de la cuestión: el «marchar juntos» que promueve el Sínodo corre el riesgo de vaciarse de contenido si no se orienta hacia su razón de ser: el seguimiento de Jesús y la realización de su Misión. La disyuntiva no es de orden organizativo, sino misionero. Para una institución volcada en la administración de cultos, la preservación de normas y el fomento de una piedad orientada a la salvación individual, el modelo clerical vigente —pese a sus fallos— conserva una eficacia funcional. Sin embargo, el horizonte del Evangelio es distinto. Jesús no convoca a una comunidad para el sostenimiento de un sistema religioso autorreferencial, sino para prolongar su praxis: la irrupción del Reino de Dios y su justicia en el tejido de la historia.

Esta misión posee una naturaleza transformadora y, por tanto, conflictiva. El mensaje evangélico no busca la acomodación a las lógicas dominantes, sino su interpelación crítica desde una alternativa de vida. Esta tensión atraviesa la tradición bíblica: los profetas no fueron gestores del culto, sino voces en permanente colisión con la sacralización del poder en el Templo y las estructuras civiles que perpetuaban la injusticia. Jesús asume esta herencia profética y sitúa a sus seguidores en esa misma línea de vulnerabilidad y denuncia frente al statu quo.

El obstáculo contemporáneo es evidente: gran parte de la estructura eclesial ha optado por una coexistencia pacífica —cuando no por una alianza tácita— con los sistemas de poder vigentes. En este marco de “domesticación” institucional, la capacidad de asumir una misión profética queda seriamente comprometida. Por ello, los procesos sinodales, aunque introduzcan matices valiosos o mejoras periféricas, difícilmente lograrán una reforma sustancial si no replantean este vínculo primario. Sin este giro radical, el esfuerzo corre el riesgo de reducirse a una burocracia de la escucha: una proliferación de documentos y consultas que proyectan una imagen de dinamismo pero que dejan intacta la arquitectura del poder.

En última instancia, la contradicción inicial emerge con mayor nitidez: se nos invita a «marchar juntos», pero sin redefinir el destino ni las condiciones reales de participación y toma de decisiones. Mientras no se aborde la tríada crítica —poder, estructura y misión—, la sinodalidad corre el riesgo de convertirse en un movimiento circular. Un dinamismo aparente que, al evitar las reformas de fondo, termina siempre en el punto de partida. En términos llanos, se corre el peligro de que este proceso sea sólo una sofisticada manera de eludir la verdadera conversión, o como dice la expresión popular, de seguir «mareando la perdiz».

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