Debemos preguntarnos si nuestra incapacidad de afrontar la transformación de la sociedad en sentido progresista se debe, en realidad, a que no hemos sabido interpretar la evolución que ha tenido y sigue teniendo el sistema productivo en concreto y toda la realidad social en general. El conflicto social no ha desaparecido; se ha transformado profundamente. Lejos de ser un residuo del pasado industrial, sigue estructurando nuestras sociedades, aunque ahora adopta formas más difusas, menos visibles y, por ello, más difíciles de percibir y de organizar políticamente. Esta menor visibilidad no es sólo el resultado de cambios económicos objetivos, sino también de un entorno cultural, educativo e informativo que contribuye a ocultar, suavizar o reinterpretar las causas estructurales de la desigualdad.
En este sentido, no basta con analizar la economía. Es necesario tener en cuenta el papel del aparato ideológico del sistema, que actúa de manera constante en la vida cotidiana. Los medios de comunicación, en su mayor parte integrados en grandes estructuras empresariales, no sólo informan: seleccionan qué hechos son relevantes, cómo se explican y qué marcos de interpretación se consideran normales. De este modo, ayudan a que muchas desigualdades aparezcan como problemas aislados o inevitables, en lugar de como parte de un mismo sistema.
También el sistema educativo cumple una función clave. No es únicamente un espacio de transmisión de conocimientos, sino también un lugar donde se aprenden formas de obediencia, jerarquía y adaptación social. A través de lo que se enseña —y de lo que no se enseña— se interiorizan ideas sobre lo que es “normal”, “posible” o “realista”. Esto no significa que la educación sea una simple herramienta de manipulación, pero sí que participa en la reproducción de una determinada visión del mundo.
A este conjunto se suma la religión, que en muchas sociedades mantiene una estructura jerárquica y una influencia moral significativa. En algunos casos, su relación con el poder ha contribuido a legitimar el orden social existente, presentándolo como natural o incluso como expresión de un orden superior. Aunque la religión tiene también dimensiones espirituales y comunitarias importantes, su papel histórico como factor de cohesión social ha estado en ocasiones vinculado a la estabilidad del sistema.
Junto a estos elementos, el mundo del entretenimiento desempeña una función social relevante. El deporte de masas, los grandes espectáculos, la prensa del corazón y el consumo constante de contenidos ligeros no son sólo formas de ocio. También contribuyen a orientar la atención colectiva hacia lo inmediato, lo emocional y lo anecdótico. Esto no elimina su valor cultural o su función de descanso, pero sí ayuda a entender cómo, en conjunto, pueden reducir el espacio disponible para la reflexión crítica sobre las causas profundas de los problemas sociales.
La idea clásica de la “lucha de clases”, asociada a grandes fábricas y sindicatos masivos, ha perdido centralidad en su forma tradicional, pero eso no significa que haya desaparecido el conflicto entre capital y trabajo. Más bien se ha desplazado hacia nuevos terrenos: la vivienda, la deuda, los cuidados, la precariedad laboral o incluso el control de los datos digitales. Sin embargo, estos conflictos suelen aparecer fragmentados en el espacio público, presentados como problemas independientes —crisis de la vivienda, inflación, desempleo juvenil— en lugar de como expresiones de una misma lógica de acumulación.
Una de las grandes narrativas del neoliberalismo sostiene que el Estado se reduce para dejar actuar al mercado. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario: el Estado sigue siendo un actor central, pero reorientado. En lugar de garantizar derechos sociales amplios, interviene cada vez más para facilitar la competitividad empresarial y organizar el mercado laboral. A esta función material se añade una función ideológica: legitimar estas intervenciones como necesarias, inevitables o incluso beneficiosas para el conjunto de la sociedad.
Por ejemplo, tras la crisis financiera de 2008, muchos gobiernos europeos destinaron miles de millones de euros al rescate bancario mientras aplicaban políticas de austeridad que redujeron el gasto en sanidad, educación o dependencia. En España, el rescate al sistema financiero superó los 60.000 millones de euros, mientras se congelaban salarios públicos y se abarataba el despido. Este proceso fue acompañado por un discurso dominante que presentaba la austeridad como una obligación técnica —“hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”— desplazando la responsabilidad desde las estructuras financieras hacia la población en general.
Este discurso no circula de forma abstracta: se apoya en medios de comunicación, en sistemas educativos y en formas culturales que lo hacen creíble y repetido. Así, determinadas explicaciones económicas se presentan como “sentido común”, mientras otras interpretaciones quedan relegadas o se consideran ideológicas.
Además, el Estado ha sido clave en la expansión de formas de empleo más flexibles. Reformas laborales han facilitado contratos temporales, subcontratación y figuras como el falso autónomo. Al mismo tiempo, se han endurecido los mecanismos de control sobre las personas desempleadas o beneficiarias de ayudas sociales, exigiendo disponibilidad constante y condiciones cada vez más estrictas. Paralelamente, ciertos discursos mediáticos han contribuido a estigmatizar a estos colectivos, asociándolos con la dependencia o la falta de esfuerzo, lo que debilita la solidaridad social y legitima políticas más restrictivas.
El conflicto, por tanto, ya no se limita al espacio de trabajo. Se manifiesta en el acceso a la vivienda, en el endeudamiento de los hogares o en la presión sobre servicios públicos cada vez más tensionados. Sin embargo, estos ámbitos suelen tratarse en los medios como problemas de oferta y demanda, decisiones individuales o fallos administrativos, sin cuestionar las dinámicas estructurales que los producen, como la financiarización de la vivienda o la mercantilización de los cuidados.
Lo que antes se consideraba marginal —trabajar sin contrato, sin protección social o bajo condiciones inestables— se está convirtiendo en una característica estructural del mercado laboral global. A escala mundial, más del 60% de los trabajadores están en la economía informal. La novedad es su creciente extensión en economías avanzadas. No obstante, esta transformación convive con una narrativa que sigue identificando el empleo estable como norma, lo que contribuye a invisibilizar la magnitud real de la precariedad.
En Europa, se ha desarrollado una forma de economía que ha popularizado modalidades de empleo en las que el trabajador asume gran parte de los riesgos laborales. Estas empresas suelen presentarse como innovaciones tecnológicas que ofrecen flexibilidad y autonomía, mientras se minimiza el debate sobre la transferencia de riesgos y la erosión de derechos laborales. La propia auto-identificación de muchos trabajadores como “emprendedores” refleja la interiorización de estos marcos culturales e ideológicos, reforzados por medios, publicidad y discursos educativos sobre el “éxito individual”.
El resultado es una fragmentación extrema: trabajadores aislados, con múltiples empleadores o ingresos irregulares, lo que dificulta enormemente la organización colectiva. A esta fragmentación material se suma una fragmentación simbólica: diferentes grupos perciben sus problemas como únicos, sin identificar conexiones con otras formas de precariedad.
Vivimos una era de movilización constante: desde las protestas contra la austeridad hasta los movimientos feministas, climáticos o por el derecho a la vivienda. Sin embargo, estos estallidos no siempre se traducen en transformaciones duraderas. En parte, esto se debe a dinámicas estructurales, pero también a un entorno mediático que favorece la lógica del ciclo corto: protestas intensas que reciben gran atención durante unos días para luego ser rápidamente sustituidas por nuevos temas.
El poder ya no se concentra en una figura clara. Un trabajador puede depender simultáneamente de una plataforma digital, una empresa intermedia, normativas estatales y dinámicas globales. Esta complejidad dificulta identificar un adversario común, pero también es reforzada por narrativas sociales que enfatizan la responsabilidad individual y diluyen las relaciones de poder. En ese proceso, los discursos mediáticos, educativos y culturales juegan un papel clave al presentar las desigualdades como resultados de decisiones personales más que como efectos estructurales.
Las luchas por género, raza o migración han ganado visibilidad —y con razón—, pero a veces se desconectan de la dimensión económica. Además, ciertos enfoques mediáticos tienden a presentar estas luchas en términos de conflicto cultural o identitario, lo que puede favorecer su instrumentalización como líneas de división, en lugar de como puntos de articulación con otras formas de desigualdad material.
Muchas protestas funcionan como “olas”: intensas pero efímeras. La propia arquitectura de las redes sociales —basada en la viralidad, la novedad y la emocionalidad— favorece esta dinámica, dificultando la construcción de procesos organizativos sostenidos. La indignación se activa rápidamente, pero también se disipa con la misma velocidad.
En este contexto, los mecanismos de distracción no operan únicamente como evasión, sino como formas activas de gestión de la atención colectiva. La saturación informativa, la personalización algorítmica y la centralidad del entretenimiento contribuyen a mantener a la población en un estado de estímulo constante pero disperso. Aquí el papel del espectáculo, del consumo cultural masivo y de la atención fragmentada resulta central: no se trata sólo de “distraer”, sino de organizar la forma en que se percibe la realidad social.
Frente a este panorama, el reto no es volver al pasado, sino reinventar las formas de organización colectiva. La “recomposición de clase” implica no sólo articular intereses materiales comunes, sino también disputar los marcos culturales, educativos e informativos que definen cómo se interpretan esos intereses.
Esto pasa por vincular luchas que a menudo se perciben como separadas y por construir relatos que conecten experiencias diversas bajo una lógica compartida. También exige crear espacios —físicos y digitales— donde esa experiencia común pueda reconstruirse frente a la fragmentación dominante, incluyendo una reflexión crítica sobre el papel de los medios, la educación, la cultura y el entretenimiento en la formación de la conciencia social..
Finalmente, implica abandonar la idea de soluciones rápidas. Ni una victoria electoral puntual ni una protesta viral garantizan cambios estructurales si no existe una base social organizada capaz de sostenerlos en el tiempo. Y esa base no puede construirse únicamente en el plano económico: requiere también una batalla prolongada en el terreno de las ideas, la información, la cultura y las formas cotidianas de ver el mundo.
El conflicto social sigue siendo el eje invisible que articula nuestras sociedades, pero hoy se presenta de forma fragmentada y dispersa tanto en lo material como en lo simbólico. El desafío no es encontrar una única lucha central, sino tejer conexiones entre múltiples conflictos que comparten una raíz común, al tiempo que se desactivan los mecanismos —económicos, culturales, educativos e informativos— que los presentan como realidades aisladas. En un mundo donde el poder se ha vuelto más difuso, la tarea política fundamental consiste en recomponer esas piezas dispersas en una fuerza colectiva capaz de transformar la realidad.
